La democracia no termina en las urnas. Se consolida y evoluciona cuando sus principios se expanden hacia todos los espacios públicos, incluyendo aquellos poderes que históricamente se habían mantenido al margen de las transformaciones sociales. Entre estos principios fundamentales, destaca la paridad. En México, la paridad no es una aspiración, es un mandato constitucional. La transformación de nuestro país quedaría incompleta si no garantizamos que la justicia tenga rostro de mujer.
Hoy es indispensable que la elección judicial respete la paridad. La llegada de mujeres a espacios históricamente vedados ha fortalecido la percepción de los poderes judiciales como más abiertos y representativos. Pero abrir candidaturas no basta; se requieren mecanismos efectivos para asegurar que las mujeres accedan a los espacios de decisión. La experiencia demuestra que, sin medidas afirmativas claras, la desigualdad se reproduce silenciosamente, incluso en sistemas democráticos.
Según ONU Mujeres (2017), el 40% de los jueces a nivel mundial eran mujeres, un incremento del 35% respecto a 2008. Sin embargo, ellas apenas representan el 41% en tribunales supremos y solo el 25% presiden esos órganos. En México, el INEGI reportó en 2018 que las mujeres son apenas el 28% en los Consejos de la Judicatura y el 18% en magistraturas federales. Aunque representan el 51% de la población, su presencia en los espacios de impartición de justicia sigue siendo limitada: del 46% de mujeres en el Poder Judicial, la mayoría ocupa funciones administrativas, no jurisdiccionales.
El Poder Judicial no puede ser excepción. Cada nombramiento y cada selección de magistraturas debe reflejar el país plural que somos. Las mujeres han demostrado su excelencia en todos los ámbitos: en las leyes, en la academia, en la defensa de derechos humanos y, por supuesto, en los tribunales. Permitir que los techos de cristal persistan bajo la apariencia de procesos democráticos sería retroceder.
La legitimidad de la justicia también depende de su capacidad de representar a toda la sociedad. Las mujeres juzgadoras no solo aportan su conocimiento jurídico, suman experiencias diversas que enriquecen la interpretación de la ley y el acceso a la justicia. Su presencia no es únicamente un acto de justicia hacia ellas, sino hacia la ciudadanía entera.
México ha avanzado hacia la paridad en los órganos legislativos. Hoy, el reto es culminar ese proceso en el Poder Judicial. La elección de juezas y magistradas debe ser el reflejo de un Estado que abraza la diversidad, apuesta por la igualdad sustantiva y reconoce que donde se toman decisiones, también deben decidir las mujeres.
Porque sin mujeres en la justicia, no habrá justicia plena.
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