En los últimos años, el espacio digital ha dejado de ser únicamente un medio de comunicación para convertirse en el nuevo territorio social, político y cultural. Dentro de este espacio informan, dialogan y participan millones de personas; pero también, lamentablemente, se reproducen e inclusive maximizan formas de violencia que durante mucho tiempo permanecieron invisibles o normalizadas.

En este contexto, cobra relevancia la reciente firma de un acuerdo entre el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y las plataformas de Google, Meta y TikTok, representa un paso relevante en la construcción de entornos digitales más seguros, particularmente para las mujeres. Este acuerdo no solo reconoce la existencia de la violencia digital, sino que plantea una ruta concreta de acción para prevenirla y atenderla.

Entre sus principales alcances, se encuentra el fortalecimiento de campañas de alfabetización digital dirigidas a niñas, niños y adolescentes, así como a madres, padres y docentes, con el objetivo de promover un uso responsable y seguro de las plataformas, así como la mejora en los protocolos de respuesta por parte de las empresas tecnológicas.

Durante mucho tiempo se pensó que el entorno digital debía autorregularse. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que la velocidad con la que se generan y difunden los contenidos supera, en muchos casos, la capacidad de respuesta de las propias plataformas. Esto ha permitido que prácticas como el acoso, la difamación o las campañas de odio se puedan expandir sin consecuencias claras.

Este acuerdo adquiere relevancia: abre la puerta a un nuevo pacto digital, en el que la libertad de expresión conviva con la responsabilidad, y donde la innovación tecnológica no esté desligada de la protección de los derechos humanos.

Se debe reconocer que los acuerdos voluntarios, por sí solos, no son suficientes. La violencia digital ha evolucionado hacia campañas coordinadas de acoso y la utilización de redes de cuentas falsas, conocidas como granjas de bots, que amplifican ataques y buscan callar a mujeres que participan en la vida pública.

Detrás de estas prácticas, se sabe que existen estructuras organizadas que operan con intencionalidad política, económica o social. Se trata de redes que han convertido la agresión digital en una herramienta sistemática de intimidación, aprovechando vacíos normativos y la dificultad de rastrear responsabilidades en el entorno digital.

En el Estado de México, esta reflexión adquiere una dimensión particular. Somos una entidad con una alta densidad poblacional y una creciente interacción en entornos digitales. Asegurar que estos espacios sean seguros implica no solo prevenir la violencia, sino también generar condiciones para que todas las personas puedan expresarse, informarse y participar sin miedo.

En ese sentido, el Congreso del Estado trabaja por legislar y sancionar la operación de granjas de bots y redes digitales coordinadas destinadas al acoso y la violencia en línea, con el objetivo de cerrar los vacíos legales que hoy permiten que estas prácticas operen con impunidad. La intención es clara: que la tecnología no sea utilizada como herramienta de intimidación, sino como un espacio de libertad y participación segura.

El futuro de la democracia también se construye en el ámbito digital. Por ello, establecer reglas claras, fortalecer la corresponsabilidad entre el Estado y las plataformas, e impulsar marcos legales que respondan a los desafíos actuales, es una tarea impostergable.

Operar la intimidación virtual dejará de ser una forma de violencia que no se sancione, las leyes serán claras y se tipificará para ejercer acción penal sobre los violentadores digitales.

El liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum en este tema refleja una visión que entiende que la transformación digital no puede desligarse de la justicia social. Proteger a las mujeres en el espacio digital no es un asunto secundario: es una condición necesaria para garantizar su participación plena en la vida pública.

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