El embarazo de una niña no puede ser visto como un fenómeno biológico normal. Es la evidencia de un delito. Una niña que no ha llegado siquiera a la adolescencia no puede consentir tener relaciones sexuales y mucho menos la gestación consensuada. No tiene autonomía física, emocional ni psicológica para ello. Un embarazo infantil sólo tiene un nombre: violación. Abordar los embarazos infantiles desde una perspectiva de género implica reconocer que no se trata únicamente de un problema penal o sanitario, sino de una manifestación de desigualdad estructural y de violencia basada en el género.
En este sentido, presenté en el Congreso del Estado de México, una iniciativa que busca que toda autoridad que tenga conocimiento de un embarazo en niñas, también tenga la obligación de reportarlo como presunción de abuso sexual. Sin pretextos, sin interpretación, sin que el expediente “duerma” en un cajón, porque hoy, muchas veces, sí hay conocimiento institucional; lo que no hay es respuesta legal inmediata. No puede existir la normalización social del abuso sexual: México no puede seguir tratando los embarazos infantiles como estadísticas. Son delitos y deben activarse protocolos de protección, intervención, acompañamiento psicológico y acceso a justicia. Si seguimos sólo acumulando datos, seguimos violentando y fomentando la impunidad. En la discusión de esta iniciativa se utilizó en tribuna una imagen poderosa y dolorosa: la figura de una muñeca de trapo —1.30 metros de altura, 40 kilos— que simbolizaba la talla real de una niña promedio víctima de abuso. Esa figura no era utilería: era un recordatorio de la indefensión de las víctimas.
Ese tamaño, ese peso, esa fragilidad física e inocencia intrínseca, representan lo que vive una niña que es sometida por un adulto con plena fuerza. Una niña que no tiene posibilidad real de defenderse ante un hombre que triplica su talla y duplica su altura, que no entiende lo que está pasando, que ni siquiera ha terminado de crecer. Esa imagen sintetiza por qué esto no es un tema de “contexto familiar” o “realidades culturales”. Es violencia sexual. Cuando el estado no actúa a tiempo, perpetúa el daño; y la impunidad en estos casos es doble: abandona a la víctima y protege al agresor.
Por eso esta iniciativa no sólo busca una obligación burocrática: busca un cambio de paradigma. Que se deje de cuestionar a la niña. Que se deje de justificar al adulto. Que la autoridad deje de ser omisa y cómplice. La respuesta institucional debe incorporar mecanismos integrales de prevención, atención y reparación que consideren el contexto social, cultural y económico en el que ocurren estos delitos. Incorporar la perspectiva de género en la legislación y en la acción pública es la herramienta que asegura que ninguna niña sea invisibilizada, revictimizada ni dejada sin protección.
Este esfuerzo se inserta en el proyecto nacional que hoy impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum: un país donde el Estado no sólo administre, sino proteja activamente. Donde la ley llegue antes de que la vida se rompa. La democracia no se mide en discursos: se mide en qué tanto cuidamos a quienes menos poder tienen; no hay mexicana más vulnerable que una niña víctima de abuso sexual.
El Estado de México tiene hoy una oportunidad real de dejar huella histórica: legislar para detener la cadena de silencio, vergüenza y miedo que ha mantenido ocultas estas violencias durante generaciones. Porque el futuro de este país no es abstracto. Tiene cuerpo, tiene nombre, tiene tamaño y hasta edad. Proteger a las niñas es la prueba más concreta del tipo de democracia que queremos consolidar.
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