Los primeros meses de gestión municipal en el Estado de México han coincidido con una de las temporadas de lluvias más intensas de los últimos años, evidenciando las carencias estructurales que comparten decenas de municipios: infraestructura hidráulica deficiente, sistemas de drenaje colapsados, recolección ineficiente de residuos y crecimiento urbano sin planeación. Estas condiciones han generado escenarios críticos con afectaciones directas a miles de familias mexiquenses, generalmente a quienes viven con mayores carencias.
De acuerdo con el Atlas de Inundaciones 2025, al menos 34 municipios tienen zonas clasificadas como de riesgo hídrico, con 98 puntos críticos en 99 colonias con 23,940 habitantes. La Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) ha desplegado operativos emergentes a lo largo del Valle de México y el Valle de Toluca. A ello se suma que cada año se concentra el 68 % de las lluvias entre junio y septiembre, y desde mayo se han presentado precipitaciones atípicas, lo que ha obligado a redoblar esfuerzos institucionales y enmarca la urgente necesidad de un presupuesto focalizado.
El problema no es nuevo. Muchos sistemas de drenaje tienen más de cuatro décadas sin renovación ni rehabilitación, y su capacidad se ve rebasada frente a la intensidad de las lluvias. La falta de mantenimiento en barrancas, coladeras y cuerpos de agua, combinada con toneladas de basura que terminan obstruyendo el paso del agua, genera inundaciones súbitas que afectan viviendas, vialidades, escuelas y centros de trabajo en cuestión de minutos.
Las nuevas administraciones municipales han tenido que enfrentar estas emergencias activando protocolos inmediatos: brigadas de limpieza, entrega de apoyos a familias afectadas, operación de cárcamos móviles, aplicación de multas por tirar basura y el uso de equipos hidroneumáticos. A pesar de ello, el gran pendiente sigue siendo la ausencia de obras estructurales a largo plazo. En municipios con alta densidad poblacional, el crecimiento irregular en zonas de cauce natural ha incrementado la vulnerabilidad frente al cambio climático y ha expuesto la salud de miles de habitantes.
En este contexto, la oposición ha intensificado su crítica. Desde exhortos legislativos hasta ruedas de prensa en zonas afectadas, han denunciado omisiones, opacidad y presunto uso político de los recursos asignados. Si bien la exigencia de transparencia es legítima, también ha sido evidente el intento de capitalizar políticamente una situación que requiere soluciones técnicas, humanas y coordinadas y que en todo caso, tendría responsabilidad compartida. Todos los municipios expuestos han alternado la representación política.
La CAEM reporta que hasta junio se han limpiado más de 2,200 kilómetros de drenaje en 87 municipios. El Grupo Tláloc mantiene operativos activos en 28 campamentos, y se han retirado miles de toneladas de azolve con el apoyo de Protección Civil, Guardia Nacional y el Ejército. Aun así, más de 23,000 personas han sido identificadas como población en riesgo por inundaciones, y la cifra podría crecer si no se actúa con mayor profundidad y visión preventiva.
En este panorama, resulta indispensable reconocer que no basta con responder a la emergencia. Se requiere una transformación profunda desde las instituciones públicas, que contemple infraestructura resiliente, educación ambiental, participación ciudadana y gobernanza metropolitana del agua. Urge transitar hacia políticas sostenibles que integren la captación pluvial, el tratamiento y reúso del agua, la restauración de ecosistemas urbanos y la conciencia colectiva sobre la corresponsabilidad social. La ciudadanía también debe sumarse: evitar tirar basura, exigir transparencia y participar en la prevención. Porque el agua no solo inunda, también revela y exige gobiernos que muestren capacidad ante el desafío.
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