Hay discusiones públicas que, aunque incómodas, resultan necesarias porque obligan a una sociedad a preguntarse qué está dispuesta a tolerar y cuáles son realmente las prioridades. La reciente decisión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de impedir el acceso a estadios del Mundial 2026 a personas inscritas en el Registro Público de Alimentantes Morosos es una de ellas y nos demuestra que no hay tribuna para el abandono.
La medida ha generado debate en distintos países de América Latina por el mensaje político y social que transmite: quien incumple con una obligación tan básica como alimentar y garantizar el bienestar de sus hijas e hijos no puede actuar como si dicha omisión no tuviera consecuencias: el abandono no puede tener palco.
Por muchos años, miles de mujeres han sostenido solas la crianza, los gastos escolares, la alimentación y el cuidado de sus hijos, mientras muchos deudores alimentarios continúan desarrollando una vida social activa, sin consecuencias que vayan más allá de procesos judiciales largos, desgastantes e injustos.
En el Estado de México, el incumplimiento de las obligaciones alimentarias continúa siendo una problemática alarmante. Entre enero y mayo de 2024 se iniciaron más de mil 326 carpetas de investigación por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. A ello se suma que el Registro de Deudores Alimentarios Morosos reportó 690 personas inscritas entre 2023 y el primer semestre de 2024.
Detrás de cada cifra existe una historia de abandono económico que impacta directamente en la estabilidad y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.
En ese sentido, recientemente presenté en el Congreso del Estado de México una iniciativa para restringir el acceso a eventos masivos recreativos a personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. La propuesta contempla mecanismos de verificación al momento de adquirir boletos o ingresar a espectáculos deportivos, conciertos y actividades de entretenimiento, priorizando en todo momento el interés superior de niñas, niños y adolescentes.
La iniciativa parte de una premisa sencilla: las obligaciones alimentarias no son opcionales. No pueden depender de la voluntad, del estado de ánimo o de la conveniencia económica de quien debe cumplirlas. Alimentar, cuidar y garantizar condiciones dignas de vida para las hijas e hijos es una responsabilidad jurídica, pero también moral. Esta propuesta busca fortalecer una visión de corresponsabilidad parental que durante años ha sido impulsada por miles de mujeres, colectivos y activistas en todo el país.
Lo que hoy ocurre en Argentina demuestra que los Estados pueden innovar cuando colocan verdaderamente a las niñas y niños en el centro de las decisiones públicas.
Necesitamos construir una cultura donde el cuidado deje de recaer exclusivamente en las mujeres y donde las responsabilidades parentales se entienden como obligaciones irrenunciables. Proteger a la infancia no debe ser una consigna política ni un discurso de ocasión. Debe ser el mínimo ético que una sociedad está dispuesta a defender. No hay tribuna para el abandono, ni las infancias pueden quedarse en la banca.
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