Cada vez que una niña o niño va a la escuela sin lunch, se enferma y no hay con qué pagar un medicamento, o simplemente pregunta por qué su otro progenitor no lo ve, ni está pendiente de él o ella, se materializa una forma silenciosa pero brutal de violencia: la violencia económica. Esa que no deja moretones visibles, pero que vulnera, condiciona y lastima profundamente a las infancias.

En el Estado de México, en materia familiar, los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial mexiquense han iniciado 12 mil 432 juicios relacionados con solicitud, consignación, disminución, cancelación o incremento de pensiones alimenticias, rubro que incide en uno de los aspectos más vulnerables de la sociedad.

No es una cifra menor: son más de 12 mil historias de niñas y niños que no reciben lo que por derecho les corresponde. Lo más doloroso es que muchos de esos deudores alimentarios llevan una vida pública normal: van al estadio, asisten a partidos de fútbol, suben historias en redes sociales desde festivales y restaurantes. Mientras tanto, del otro lado de la pantalla, hay infancias que aprenden demasiado pronto lo que significa crecer con carencias y con paternidades ausentes.

¿Es justo que quienes eluden su responsabilidad sigan teniendo acceso pleno al entretenimiento y a la vida social como si nada pasara?

Desde hace años, en distintos estados se han promovido reformas para visibilizar y sancionar a quienes incumplen sus obligaciones parentales. La Ley Sabina, a nivel nacional, fue un parteaguas. En el Estado de México ya existe un Registro de Deudores Alimentarios Morosos, pero ha demostrado ser insuficiente. Por eso, en el pleno del Congreso del Estado, anuncié la propuesta de una medida afirmativa contundente: negar el acceso a eventos masivos de recreación a quienes estén inscritos en dicho registro, hasta que regularicen su situación o presenten un convenio judicial de pago.

Alguien podría preguntar: ¿no es esto demasiado? Yo respondería: ¿demasiado para quién? Porque si a alguien le parece más grave que una persona no pueda entrar a un concierto, que el hecho de que una niña no tenga algo para cenar, entonces quizá estamos viendo la realidad de una forma insensible con las infancias.

La medida, más que castigar, busca poner a la niñez al centro de la política pública. Decir, con claridad, que en el Estado de México no se tolerará la irresponsabilidad disfrazada de impunidad. Decir que ser papá o mamá no es opcional, ni se suspende por conveniencia. Que no se puede ser buen ciudadano en lo público y omiso en lo privado.

Sabemos que esta propuesta abre un debate, y ¡qué bueno! Porque es momento de hablar, en serio, sobre las consecuencias del incumplimiento alimentario. Porque visibilizar es el primer paso para erradicar todo tipo de violencia. Y porque las niñas, niños y adolescentes no pueden seguir siendo los últimos en nuestras prioridades.

La justicia alimentaria no es un favor, es un derecho; y en un Estado verdaderamente justo, quien no cumple con sus obligaciones mínimas no debería tener privilegios de máxima diversión.

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