Durante mucho tiempo, la actividad legislativa fue percibida como un ejercicio distante de la ciudadanía. Para muchas personas, las leyes parecían pertenecer únicamente a los códigos y a los recintos parlamentarios, sin una relación directa con los problemas cotidianos. Sin embargo, una democracia sólida exige exactamente lo contrario: un Congreso que escuche, dialogue y legisle pensando en la vida diaria de las personas. Las mejores leyes no son necesariamente las más extensas o complejas, sino aquellas que logran traducirse en mejores condiciones de vida. Cuando una reforma protegé a una mujer víctima de violencia, fortalece el derecho a la alimentación de una niña o un niño, reconoce el cuidado digno, protegé el medio ambiente o garantiza el bienestar animal, deja de ser un simple texto jurídico para convertirse en una herramienta de transformación social. Desde la instalación de la LXII Legislatura del Estado de México, en septiembre de 2024, se han aprobado 589 iniciativas, además de once reformas a nuestra Constitución local que fortalecen derechos fundamentales y actualizan nuestro marco jurídico frente a los nuevos desafíos sociales.
Entre ellas destacan avances en igualdad sustantiva, protección del derecho al cuidado, acceso a una alimentación nutritiva, bienestar animal, transparencia, simplificación administrativa, actividad física, protección del medio ambiente y combate a la violencia contra las mujeres. Uno de los temas que mayor trascendencia tendrá para la vida institucional del Estado de México es la armonización de la reforma judicial. La aprobación del nuevo modelo para la elección de personas juzgadoras representa un paso importante para construir un Poder Judicial más cercano a la ciudadanía, con reglas claras, mecanismos de evaluación y una mayor legitimidad democrática. La confianza en las instituciones también se fortalece cuando la impartición de justicia evoluciona para responder a las exigencias de una sociedad cada vez más participativa y consciente de sus derechos. Con el inicio del segundo periodo ordinario de sesiones comienza también una nueva etapa para el trabajo legislativo. Entre los principales retos se encuentran la adecuación del marco jurídico en materia de transparencia y acceso a la información; el fortalecimiento de la seguridad pública y del combate a la corrupción; la protección integral de personas en situación de vulnerabilidad; la armonización de la legislación electoral con el marco constitucional federal; el análisis de la Cuenta Pública 2025 y el impulso de políticas para la protección del medio ambiente. A ello se suma el trabajo que desarrollaremos desde la Comisión Especial para el Cuidado y Bienestar Animal, para consolidar una agenda legislativa e institucional que fortalezca la protección y el bienestar de los seres sintientes.
Estoy convencida de que la fortaleza de un Poder Legislativo no se mide únicamente por el número de iniciativas aprobadas, sino por su capacidad para escuchar a la sociedad y traducir esas demandas en soluciones concretas. Ese seguirá siendo el desafío para este nuevo periodo: construir leyes que respondan a la realidad, fortalecer nuestras instituciones y mantener siempre en el centro de cada decisión el bienestar de las personas.
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