Han pasado ya cinco años desde que la movilidad fue elevada como un derecho constitucional, con la reforma al artículo 4o de la Carta Magna, que establece que “Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad”.
Gracias a esta reforma se han aprobado otras disposiciones legales para asegurar que las personas puedan moverse en condiciones de seguridad. Sin embargo, la realidad nos recuerda a diario lo mucho que falta por hacer para hacer efectivo este mandato constitucional en México.
De acuerdo con la Estadística de Transporte Urbano de Pasajeros (ETUP – INEGI) durante 2025, 175.1 millones de pasajeros han viajado en los diferentes sistemas de transporte disponibles en la Zona Metropolitana del Valle de México, recorriendo más de 30 millones de kilómetros. Por otro lado, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su reporte de incidencia delictiva, detectó que en agosto de 2025 se registraron 415 casos de robo a transporte público con Naucalpan, Toluca y Chimalhuacán como los municipios con más casos.
El último acuerdo por el que se modificaron las tarifas para la prestación de transporte en el Estado de México data de 2019. Desde entonces, el aumento del combustible ha trastocado la economía de modo significativo, lo que ha obligado a las autoridades y a los concesionarios a revisar los costos.
Así, a partir del 15 de octubre los usuarios del transporte público en el Estado de México verán un aumento en las tarifas, al pasar de 12 a 14 pesos por los primeros cinco kilómetros. Lo anterior, para el servicio colectivo en todos los municipios del Estado de México. En municipios del sur la tarifa será de 11 pesos por los primeros diez kilómetros en transporte mixto.
Esta actualización de tarifas responde a los “incrementos significativos en diversas variables macroeconómicas que impactan directamente en la estructura de costos del sector transporte”, según se puede leer en el acuerdo publicado en la Gaceta de Gobierno, el 10 de octubre de 2025.
Sin duda se trata de un tema sensible para los cientos de usuarios que diariamente utilizan el transporte público en el Estado de México y que padecen las consecuencias de un servicio deficiente e inseguro, que no corresponde con el valor monetario que se tiene que destinar para llegar a la escuela o el trabajo, muchas veces a dos o tres horas de distancia.
Es por ello, imperioso que este aumento de tarifas se refleje en una “reorganización integral del transporte público del Estado de México”, como el mismo acuerdo publicado reconoce, ya que al existir unidades de transporte público que no cuentan con concesión, genera falta de control sobre los mismos. Desde luego el derecho a la movilidad no solo se refiere a quienes utilizan transporte privado, tampoco a quienes se trasladan en transporte público. También incluye a quienes transitan las calles a pie o a los ciclistas.
Sin embargo, la visibilidad mediática que han adquirido los incidentes en materia de inseguridad y accidentes a lo largo de los últimos meses en distintos municipios mexiquenses, hacen que el foco de atención se vuelque en la necesidad de obligar a los concesionarios a comprometerse a mejorar el servicio de transporte público. Esto se traduce en diversas acciones desde mantener limpias las unidades, servicios de mantenimiento, seguros vigentes, capacitación continua a personas operadoras, equipos de videovigilancia, cromática de las unidades, y renovación de unidades, revisión de las mismas con la periodicidad que determine la autoridad.
Estas acciones están contempladas en el acuerdo por el que se determinan el aumento de tarifas, por lo que la ciudadanía mexiquense merece que, junto con este ajuste, haya una mejora tangible en el servicio del transporte público.
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