Hace unos días, el Congreso del Estado de México aprobó reformas relevantes en materia de seguridad. En total fueron cuatro reformas que, en términos generales, fortalecen el marco normativo en aspectos clave como la coordinación, inteligencia, investigación y el diseño de acciones y políticas de las instituciones encargadas de la seguridad en territorio mexiquense.
Los cambios aprobados fueron uno de rango constitucional y tres legales. El primero tiene que ver con la armonización de la Constitución del Estado de México con el artículo 21 de la Constitución Federal, a partir de la reforma del 31 de diciembre de 2024 en materia de seguridad pública. Con esta reforma constitucional, la prevención, la investigación, la persecución del delito, la ejecución de sanciones y la reinserción social son ahora componentes del sistema de seguridad estatal. Además, se fortalece constitucionalmente la coordinación obligatoria entre el Ministerio Público y las instituciones policiales, lo cual atiende uno de los puntos centrales de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 para la debida coordinación institucional.
Otra reforma aprobada apunta a la armonización del marco legal estatal con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública del 16 de julio de 2025. Recordemos que esta reforma abroga la ley del 2009, y que la nueva Ley General tiene un importante énfasis en el tema de registros de datos e interconexión de las bases de datos nacionales, atención a las causas que generan la violencia, así como la participación ciudadana. Bajo esta visión, el decreto recién aprobado por la legislatura estatal amplía las atribuciones de la Secretaría de Seguridad del Estado de México para operar bases de datos e interconexión obligatoria con el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación; y se fortalece la profesionalización del personal policial.
Un cambio importante es que se institucionalizan las Mesas de Paz como instancias ejecutivas de decisión diaria, encabezadas por el Ejecutivo estatal e integradas por autoridades estatales, federales, fuerzas armadas y Guardia Nacional lo que, en hechos ha sido impulsado por la gobernadora Delfina Gómez desde el arranque de su administración.
La legislatura mexiquense también reformó diversas disposiciones legales en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, al armonizar el marco legal con la Ley General en esta materia y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, lo cual son condiciones necesarias para mejorar la coordinación, el intercambio de información y la cooperación interinstitucional, en un tema tan sensible para la población y las familias de personas desaparecidas.
Así, se fortalecen las capacidades de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, se clarifican las obligaciones de autoridades y particulares que generan, administran y resguardan datos biométricos, y se refuerza a la Fiscalía Especializada con recursos financieros, materiales y técnicos.
Otra reforma de gran calado es la armonización del marco legal con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, del 28 de noviembre de 2025. Entre las medidas, destacan la creación del Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Combatir la Extorsión y Delitos Vinculados, órgano colegiado de colaboración y concertación entre las distintas instancias estatales y municipales y presidido por el Poder Ejecutivo del Estado de México, para llevar a cabo funciones de planeación y coordinación para prevenir, atender, y combatir estos delitos.
También se prevé la creación de un Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión a cargo de la Secretaría de Seguridad, cuyo objeto es implementar mecanismos para canalizar y atender denuncias por la posible comisión de este delito, y orientar a la ciudadanía para prevenirlo.
Con esta reforma legal se crea en la entidad la Fiscalía Central Especializada en Combate a los delitos de Extorsión, Delitos Vinculados y Secuestros perteneciente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para lo cual deberá contar con personal certificado en materia de secuestro y extorsión.
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