A finales del año pasado, el Congreso de la Unión aprobó una importante reforma en materia de transparencia que modifica el modelo tanto a nivel nacional como en todas las entidades federativas.
Esta reforma, publicada el 20 de diciembre de 2024, representa una transformación de gran calado sobre el modelo imperante sobre transparencia y protección de datos personales desde el año 2000, y el conjunto de reglas que emanan de ello.
Algunos cambios que destacan a nivel nacional son la eliminación del INAI y el establecimiento de nuevas autoridades garantes, como los órganos internos de control (OIC), mismas que asumen nuevas funciones. Por otro lado, la Secretaría Anticorrupción será la encargada de administrar la Plataforma Nacional de Transparencia; la “transparencia con sentido social” sucede a la “transparencia proactiva” y se sustituye el concepto de “Gobierno Abierto” por “Apertura Institucional”.
Y más allá de una renovación de términos, lo que evidencia esta reforma es la concepción de un nuevo modelo de transparencia con sentido social, la innovación, y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías. Respecto a esto último, hay una enorme veta de oportunidades en la implementación de datos abiertos y la digitalización de información que promuevan la participación ciudadana, además de disminuir la carga administrativa y burocrática.
El 20 de marzo de 2025 se dio otro importante paso legislativo con la expedición de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de los Particulares; así como reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Una vez expedida la Ley General de Transparencia, se establece que la Legislatura Local tendrá un plazo máximo de noventa días naturales para armonizar su marco jurídico en la materia, lo que coloca al 18 de junio de 2025 como plazo máximo.
La legislatura del Estado de México ha entrado en un proceso de estudio para la homologación sobre transparencia, a través de una reforma constitucional estatal.
El diputado Gerardo Pliego Santana de Morena, presentó la primera iniciativa para armonizar el marco legal local en materia de transparencia. Su propuesta plantea sustituir al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem), por un modelo en que cada poder público y órgano constitucional autónomo tenga una autoridad garante de estos derechos.
La iniciativa plantea una autoridad garante local que conocerá de asuntos relativos a la transparencia de los municipios, la cual dependerá del Poder Legislativo, por lo que la persona titular será electa por el pleno de la legislatura mexiquense.
Es un avance relevante que la legislatura se abra al debate de un nuevo esquema de transparencia en concordancia a la reforma constitucional, tomando en cuenta algunas consideraciones particulares del Estado de México. Entre estas consideraciones destacan la transferencia de información contenida en el SAIT, el sistema de cómputo de administración y organización de la información hasta ahora a cargo del Infoem.
Algunas notas que pueden referirse sobre el SAIT del Estado de México, es que fue reconocido por el por el Comité Internacional de Protección de Datos, ahora Global Privacy Awards. En el año 2019, tras la caída de la Plataforma Nacional de Transparencia, los sistemas albergados en el SAIT continuaron operando de manera normal, lo que reveló la robustez de este sistema.
En suma, en el rediseño que se vislumbra sobre transparencia y protección de datos personales en el Estado de México, vale la pena retomar lo ha venido funcionado bien, tal como sus sistemas informáticos, y potenciar su valor social.
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