La presidenta Claudia Sheinbaum ha tomado en sus manos una batalla contra un problema silenciado por gobiernos anteriores, lo que contribuyó a su profundización y expansión en diversos municipios del país: la extorsión, que literalmente ahorca la economía de miles de familias, con particular saña a las más pobres.
La Estrategia Nacional Contra la Extorsión fue presentada el 6 de julio por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien explicó los cinco ejes en los que estará basada: generar detenciones mediante investigación e inteligencia; fomentar la creación de Unidades Antiextorsión locales; aplicar el protocolo de atención a víctimas; capacitar a operadores del 089 en manejo de crisis y negociación; e implementar una campaña nacional de prevención.
Durante su presentación, García Harfuch señaló que ocho entidades concentran el 66 % de las extorsiones a nivel nacional por número de carpetas de investigación: Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, CDMX, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán.
De acuerdo con el artículo 390 del Código Penal Federal, la extorsión es un delito de alto impacto, cometido por quien, sin derecho, obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, para obtener un lucro para sí o para otro, o causando a alguien un perjuicio patrimonial. Es un delito del fuero común, pero también del fuero federal bajo ciertos supuestos, por ejemplo, cuando es cometido por un miembro de la delincuencia organizada o si se encuentran involucrados servidores públicos federales.
En el Estado de México, este golpe a la extorsión significó el despliegue de la Operación Liberación el 21 de julio, por parte de autoridades federales y estatales, en los municipios de Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan de la Sal, Ixtlahuaca, Malinalco, San Felipe del Progreso, Sultepec, Tlatlaya, Tejupilco, Temascaltepec, Tenancingo, Texcaltitlán, Valle de Bravo y Villa Victoria.
Como lo ha demostrado la experiencia nacional y comparada, para desarticular una red criminal es insuficiente capturar al capo; se requiere un ejercicio de inteligencia para comprender e identificar al conjunto de actores que sostienen la red, así como un trabajo coordinado que sea prioritario desde la máxima autoridad.
Es por ello clave el mensaje de coordinación que ha enviado García Harfuch ante la ciudadanía. Tal fue el caso de la conferencia de prensa del 23 de julio, en la que se informaron los resultados de la operación encabezada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, y se destacó el trabajo coordinado con el Gabinete de Seguridad, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.
Un aspecto crucial de la Operación Liberación ha sido el aseguramiento de las mercancías que eran instrumento, objeto o producto de extorsión. Algunos ejemplos de lo recuperado son: 128 vehículos, 5 mil bultos de cemento, 137 toneladas de varilla, cerca de 18 mil kilos de alimento y forraje, 4 mil aves de corral, entre otros productos. Incluso, tres animales exóticos fueron trasladados al zoológico de Zacango, en el Estado de México.
La extorsión puede verse como un impuesto que inhibe los incentivos para hacer crecer un negocio, pues aquel que empieza a tener éxito es identificado y extorsionado. Es por ello importante subrayar las acciones del Gobierno del Estado de México para entregar de manera gratuita estos bienes a los habitantes de algunos municipios del sur del estado, lo cual expresa la voluntad de un gobierno preocupado por el patrimonio de las familias mexiquenses.
Un resultado más de la Operación Liberación es que, a la fecha, se ha decretado prisión preventiva justificada a varias personas por extorsión agravada y secuestro exprés, además del inicio de 26 procedimientos de extinción de dominio sobre inmuebles relacionados con la estructura económica del crimen.
Una pieza esencial de la Operación Liberación y, en general, de la Estrategia Nacional Contra la Extorsión es el papel de la denuncia ciudadana. Uno de los principales obstáculos para denunciar actos de extorsión o corrupción es el miedo a represalias, por lo que la posibilidad de guardar el anonimato y garantizar la protección a las personas denunciantes es una medida que potencializa la lucha que se está dando contra esta batalla largamente postergada.
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