El Operativo Enjambre va más allá de una acción policial. A poco más de un año de su implementación, este operativo forma parte de una amplia estrategia de seguridad que atiende a la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum y compartida por la gobernadora Delfina Gómez, sobre las raíces del problema de la violencia y corrupción; así como los mejores medios para combatirlo.
Recordemos que el Operativo Enjambre en el Estado de México se anunció públicamente el 9 de abril de 2024, pronto atrajo la atención pública nacional con la detención de un síndico y un exalcalde, al documentarse por primera vez los vínculos operativos directos entre funcionarios locales y el grupo criminal "La Familia Michoacana".
Uno de los pilares de este operativo es la coordinación interinstitucional entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), SEDENA, SEMAR, FGR, CNI, Fiscalías locales, así como policías estatales y municipales, quienes comparten información sobre la inteligencia criminal, lo que les permite hacer análisis de las estructuras delictivas, y anticipar su actuación.
Esta estrategia coordinada atiende a la comprensión del crimen organizado como redes basadas con múltiples nodos que los vinculan no solo con otros actores delincuenciales sino con autoridades públicas, quienes proveen encubrimiento y protección e inclusive financiamiento.
De este modo, el Operativo Enjambre reconoce que en algunas localidades del país hay una protección institucional del delito, a través de funcionarios públicos que tienen una participación directa en actividades ilícitas, dejando de ser meros facilitadores.
Partiendo del panorama anterior, este operativo apunta a desmantelar estructuras criminales no únicamente de las células delictivas, sino aquellas incrustadas dentro de locales, a través de alcaldes, policías, directores de seguridad, etcétera. De esta forma, como ha sido reiterado por la presidenta Sheinbaum Pardo: "no se trata sólo de detener a personas, sino de desarticular redes de protección al delito desde las propias instituciones."
Otro pilar importante de estas acciones es dar la misma relevancia a las investigaciones judiciales que a las propias operaciones tácticas. Gracias a este enfoque, en julio de 2025 el Poder Judicial dictó las primeras sentencias contra los objetivos de la operación. Entre los condenados destaca un expolicía de Nicolás Romero, lo que marcó el inicio de una racha de victorias procesales para la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
Otras condenas se dieron el 9 de octubre de 2025, cuando se dictó una histórica sentencia de 40 años de prisión contra un exmando policial de Naucalpan, por delitos de extorsión y vínculos delictivos. Otra sentencia ejemplar ocurrió el 14 de diciembre de 2025, cuando se dicta sentencia contra la exalcaldesa de Amanalco por el delito de homicidio. Este caso fue emblemático al demostrar que la infiltración criminal llegaba hasta la máxima autoridad civil de los municipios. Y recientemente, el 1 de febrero de 2026, cuando se dicta sentencia de 40 años al excomisionado de Seguridad de Nicolás Romero. A estos datos se deben agregar más de 60 detenidos, entre ellos funcionarios, exfuncionarios y presidentes municipales como Tonatico y Santo Tomás de los Plátanos.
La relevancia pública de este tipo de operativos estratégicos, a los que habría que sumar otros como Bastión, Atarraya y Fortaleza, se debe a los resultados concretos. El Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Omar García Harfuch, informó en Ecatepec que la estrategia nacional redujo un 54% el promedio diario de homicidios dolosos en el Edomex (pasando de 6.6 a 3.03 casos diarios), del 1 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2025.
Con datos del Secretariado Ejecutivo, sabemos que en el Estado de México se logró una baja del 54 por ciento en el promedio diario de víctimas (de 6.63 en septiembre de 2024 a 3.03 en diciembre de 2025); y con respecto a delitos de alto impacto, la incidencia general en el Estado de México descendió un 22 por ciento, con caídas notables en extorsión (37.8 por ciento) y robo de vehículo (55 por ciento).
Tal es la importancia estratégica del Operativo Enjambre, que se ha trasladado a otros estados como Jalisco, donde recientemente fueron detenidos el Presidente Municipal de Tequila y otros funcionarios públicos.
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