Como ha quedado claro a lo largo del primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, uno de sus objetivos principales ha sido fortalecer la rectoría del Estado mexicano en todo el territorio nacional, a través de la coordinación interinstitucional y entre los tres órdenes de gobierno, así como hacer un uso más intensivo de la inteligencia, la investigación y el combate a redes criminales.
Esta apuesta de la presidenta Sheinbaum ha encontrado acompañamiento estratégico en el Estado de México, donde la gobernadora Delfina Gómez ha puesto énfasis en el fortalecimiento de capacidades institucionales de inteligencia criminal e investigación, así como esfuerzos coordinados con el gobierno federal, otros estados y con los municipios.
Desde esta visión de gobierno compartida, en el Estado de México se emprendió el Operativo Caudal, una acción basada en la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales para combatir la extracción, distribución y comercialización ilegal del agua potable. En otras palabras, busca combatir de manera frontal el manejo ilegal del agua, lo que se ha denominado “huachicol del agua”.
Esta operación contra el comercio ilícito del agua se realizó el 24 de octubre con el despliegue de operativos simultáneos en 48 municipios mexiquenses, con la participación de instituciones claves en contra de este delito: las Secretarías de Seguridad del Gobierno Federal y del Estado de México, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), corporaciones policiacas municipales,
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), así como los organismos municipales de agua.
Se trata de una operación sin precedentes en territorio mexiquense, donde la población de diversos municipios ha sido vulnerada por largo tiempo en el goce de su derecho al agua. La importancia del Operativo Caudal se dimensiona si pensamos en las consecuencias del mercado ilegal del agua, el cual se caracteriza por la venta a precios más elevados del líquido en comparación con los precios regulados. Esta dinámica se traduce en inequidad, pues las familias además de tener que pagar más por el agua, lo hacen sin ninguna garantía de que ésta sea tratada adecuadamente, con los riesgos sanitarios que ello representa.
Este ciclo perverso del huachicol del agua fue corroborado por las investigaciones desplegadas con el Operativo Caudal, que dejaron al descubierto que el agua sustraída de pozos ilegales se vendía sin cumplir con las normas sanitarias, únicamente clorada. También, se detectaron sobrecostos de hasta 59% en Ecatepec, 41% en Cuautitlán, 32% en Tlalnepantla y 10% en Toluca, cifras que se incrementaban para el uso industrial y residencial de alto valor.
Según lo ha informado la Fiscalía mexiquense, las redes delictivas operaban bajo la fachada de organizaciones sociales y sindicatos, como la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México (ACME), “Los 300” o “Unión 300”, entre otros, e incluso con la participación de autoridades locales y comisariados ejidales.
Entre los resultados destacan 152 órdenes de cateo por parte de la Fiscalía estatal que aseguraron 51 pozos y 138 tomas clandestinas, 322 pipas, 37 vehículos y la detención de siete personas por diversos delitos relacionados con la distribución ilegal del agua.
Destaca también el plan de contingencia implementado por el gobierno estatal con el fin de no afectar la operación de pozos oficiales y asegurar el abasto del líquido. Incluso, la presidenta Sheinbaum pidió a la CONAGUA acompañar al gobierno estatal para atender las inquietudes de los piperos y purificadoras que se manifestaron tras los cierres de pozos.
El operativo Caudal representa un esfuerzo institucional de gran alcance que va en contra de un redituable negocio que, a lo largo de los años, ha logrado controlar la sustracción ilegal, distribución de pipas y los precios. En todo este proceso, la ciudadanía merece estar informada pues, ante este tipo de acciones de gran calado contra acciones ilícitas es esperable que la desinformación sea un recurso utilizado por quienes se benefician de este negocio, para socavar la legitimidad del actuar del Estado ante la ciudadanía.
En suma, este operativo atiende de manera frontal las redes responsables de la extracción y comercialización ilegal del preciado líquido, es decir, se trata de una acción del estado necesaria en contra de este negocio ilícito que afecta severamente la economía y salud de las familias mexiquenses.
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