La estrategia de seguridad emprendida por el gobierno de la presidenta Sheinbaum Pardo revela un cambio estructural, al pasar de un enfoque reactivo centrado en la captura de líderes criminales a una visión estratégica, tecnológica y financiera. Desde su paso como jefa de gobierno de la Ciudad de México, la hoy mandataria dio visos de su modelo de seguridad, ahora apuntalada por la dimensión que ha tomado el fenómeno del crimen organizado en nuestro país.
No es una sorpresa para nadie que el crimen organizado en México ha evolucionado hacia otras formas de economía, no solamente el trasiego de drogas, sino otros delitos como la extorsión, la cual se ha convertido en un ilícito altamente rentable. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2025) de INEGI, la extorsión ocupa el segundo delito en magnitud después del fraude.
En el marco de la "Estrategia Nacional contra la Extorsión", la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en coordinación con autoridades federales y municipales llevó a cabo la Operación "Desconexión". A lo largo de 46 días, esta operación tuvo como objetivo combatir la extorsión indirecta a través de llamadas, mensajes, apps y páginas web, así como esquemas de préstamos abusivos tipo "gota a gota".
Como resultado de esta operación coordinada se detuvieron a 102 personas, 25 mexicanos y 77 extranjeros. De los aprehendidos, 20 colombianos, 22 mexicanos, seis venezolanos y dos cubanos, se encuentran vinculados a proceso con medida cautelar de prisión preventiva justificada.
Asimismo, se aseguraron 192 inmuebles, entre ellos 67 Call Centers, cinco centrales de préstamo, 14 puntos de venta de estupefacientes, 106 giros negros y 86 cateos autorizados por jueces de control.
Como se ha publicado en otros medios, lo incautado incluye también 2 mil 844 equipos de cómputo, 67 servidores informáticos, 265 laptops, 353 discos duros y 277 CPUs. En materia de telecomunicaciones, se decomisaron 404 teléfonos celulares y más de 3 mil chips de diversas compañías telefónicas utilizados para el contacto masivo con las víctimas.
También destaca que fueron localizados 80 tokens de banca en línea y 11 terminales de cobro para tarjetas bancarias, las cuales servían de herramientas para la dispersión inmediata del dinero obtenido por extorsión.
La relevancia de este operativo radica en que se lograron desarticular las estructuras operativas, logísticas y financieras dedicadas a la extorsión y préstamos ilegales. Además, se identificó la relación entre extorsión y otros delitos como secuestro exprés, trata de personas, lavado de dinero y suplantación de identidad.
En otras palabras, no solo estamos ante un caso de detención de personas, sino de una intervención de "desconexión", tal como el nombre de la operación lo dice, de la infraestructura financiera y operativa que sostiene a la red criminal. Esto es un elemento clave, tal como lo señalan las mejores prácticas internacionales que han sido capaces de debilitar estructuras criminales.
Además, las investigaciones judiciales en curso permiten comprender de mejor manera cómo operan las células delictivas dedicadas a la extorsión y su diversificación criminal, así como la marcada presencia de ciudadanos extranjeros liderando o integrando estos grupos.
Por último, pero no menos importante, un acierto más del Operativo “Desconexión” es reconocer que la extorsión actual es digital, no solo territorial, y en ese sentido, debe abordarse y desarmarse desde ese ámbito.
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