Uno de los principales legados de la Cuarta Transformación es la reforma al Poder Judicial impulsada por el expresidente López Obrador y materializada durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Este cambio constitucional supone un cierre a la etapa inaugurada por la reforma judicial de 1994, la cual pretendió construir una carrera judicial, pero sin aspirar a la "democratización" de este poder.
Con el propósito de dotar de legitimidad democrática a la institución judicial mediante el voto popular, la reforma del 15 de septiembre de 2024 representa un cambio de gran calado porque transformó aspectos esenciales del Poder Judicial, como la carrera judicial y el mecanismo de ingreso y promoción de jueces en el ámbito federal y local, así como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral.
El 1 de junio de 2025, en México elegimos por primera vez ministras y ministros de la SCJN, Magistraturas de las Salas Superiores y Regionales del TEPJF, así como del Tribunal de Disciplina Judicial, Magistraturas de Circuito, además de personas juzgadoras de Distrito.
Simultáneamente, en ese año, 19 estados tuvieron elecciones para elegir a integrantes del Poder Judicial local, en tanto que Baja California Sur, Campeche y Chiapas tendrán elecciones judiciales en 2028.
Por su parte, la ciudadanía mexiquense eligió 91 cargos del Poder Judicial del Estado de México: la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, cinco magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial; 28 magistraturas para el Tribunal Superior de Justicia y 55 juezas y jueces.
Derivado de esta experiencia histórica, en mayo de 2026 el Congreso de la Unión aprobó la reforma constitucional propuesta por la presidenta Sheinbaum Pardo. Entre otros cambios, se posterga la elección judicial de 2027 a 2028 y se crea una Comisión Coordinadora a fin de mejorar la selección de los perfiles de los aspirantes a personas juzgadoras.
Si bien el modelo de elección judicial en México y en los estados no se trastoca, la creación de la Comisión Coordinadora sí representa un cambio relevante, pues ahora un solo comité —antes eran tres comités, uno por cada poder—unificará los criterios de selección para elegir, con mayor rigor, a las personas candidatas a un puesto de elección popular del Poder Judicial.
En correspondencia con esta reforma constitucional, el 8 de julio, en Comisiones del Congreso del Estado de México se analizó la iniciativa presentada por el Coordinador de Morena, el Dip. José Francisco Vázquez Rodríguez, que persigue fortalecer los mecanismos de elección, evaluación y organización de los procesos electorales judiciales.
Además de homologar criterios y metodologías de selección a través de la creación de una Comisión Coordinadora integrada por representantes de los comités de evaluación de los tres poderes del Estado, la iniciativa propone ampliar los plazos para la emisión de las convocatorias de los procesos de elección judicial, con lo que se atiende de mejor manera la complejidad de las etapas de evaluación, selección y postulación de candidaturas.
Otros cambios importantes son la incorporación de la división en regiones y distritos judiciales electorales para una representación territorial más equilibrada; así como la incorporación en la boleta electoral de información sobre la especialidad judicial, el poder postulante y, en su caso, si la persona candidata se encuentra en funciones, con lo cual se favorece un voto informado.
Así también, se propone ampliar las atribuciones del Tribunal de Disciplina Judicial en materia de evaluación del desempeño, capacitación y actualización permanente de las personas juzgadoras.
En suma, esta propuesta de reforma supone un perfeccionamiento del modelo de selección de personas juzgadoras en el Estado de México, pues sin menoscabo de la legitimidad democrática de la que ahora parte la actuación de los integrantes del Poder Judicial, se mejoran los mecanismos para garantizar que las y los mejores perfiles logren llegar a la boleta electoral.
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