Uno de los grandes avances en la lucha por lograr una igualdad sustantiva en México se ha dado en el ámbito político. Las reformas constitucionales que se han impulsado en los últimos años han sido decisivas, como la de 2014 que obligó a los partidos políticos a postular 50 por ciento hombres y 50 por ciento mujeres; la reforma de 2019 conocida como "Paridad en Todo" que incluyó a los tres órdenes de gobiernos, los organismos autónomos y las candidaturas de los partidos y; recientemente, a propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, la reforma de 2024 que eleva a rango constitucional la igualdad sustantiva en el artículo 4º constitucional, entre otros cambios que robustecen el marco legal para fortalecer la participación de las mujeres en todos los ámbitos.
Los datos revelan los alcances de estos cambios normativos. Hemos pasado de "cuotas" a un congreso federal paritario y, en su mayoría, también los congresos locales, así como gobiernos que promueven la conformación paritaria de sus gabinetes. En 2024 hicimos historia, con la elección de la Dra. Claudia Sheinbaum como la primera mujer como presidenta de México, quien fue nombrada recientemente la quinta mujer más poderosa del mundo en el ranking 2025 de la revista Forbes.
El avance en el número de estados gobernados por mujeres ha sido meteórico si consideramos que hasta 2018 solo nueve mujeres habían sido gobernadoras en la historia de México. Hoy tenemos 13 mujeres: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Colima, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Quintana Roo, Veracruz, además de Ciudad de México. En algunos casos como el Estado de México, de la mano de la maestra Delfina Gómez, es la primera vez que una mujer llega al poder, luego de 90 años de gobiernos priístas.
Sirva este breve pero necesario recorrido para hablar de los recientes cambios aprobados por el congreso de San Luís Potosí y la iniciativa de reforma que se discute en Nuevo León conocidos como "Ley Esposa". Bajo el argumento de paridad de género, ambas reformas obligan a que en la elección por la gubernatura que se llevará a cabo en ambas entidades federativas en 2027, únicamente compitan mujeres candidatas.
Esta medida que en otro contexto ha servido para asegurar que a la titularidad del poder ejecutivo llegue una mujer a nivel estatal, en la coyuntura actual de Nuevo León y San Luis Potosí tiene destinatarias. Estas reformas han sido recibidas con recelo no solo por partidos políticos sino por la opinión pública, que las ven como instrumentos a la medida para favorecer a Ruth González Silva, senadora por el PVEM y cónyuge del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo; y de manera similar, a Mariana Rodríguez, cónyuge del gobernador de Nuevo León, Samuel García, donde el proceso de reforma está en ciernes.
Recordemos que, en las elecciones de 2021, el INE emitió un acuerdo que obligó a los partidos políticos a postular al menos siete mujeres en total para las 15 gubernaturas en competencia en ese año, de tal forma que se saldará la deuda histórica con ellas en el cargo de mayor poder político en cada una de las entidades federativas. Lo anterior, con fundamento en el mandato constitucional de la "Paridad en Todo" de 2019. Ante este acuerdo que fue impugnado por diversos partidos y el Senado, el TEPJF vinculó a los partidos a nominar a siete mujeres a las gubernaturas, a la vez que instó al Congreso y a las legislaturas locales a emitir las leyes necesarias para cumplir con el principio de paridad.
Respecto a esto último, algunos estados que han legislado la paridad son Puebla, Hidalgo, Jalisco, Yucatán y el Estado de México; en este último, su Constitución considera un sistema de alternancia en el género de las personas candidatas que los partidos postulen en la elección por la gubernatura.
El debate que hoy se abre con la “Ley esposa” rebasa el plan de la legalidad, si bien la Suprema Corte deberá posicionarse ante la acción de inconstitucionalidad que promoverá Morena. El debate de fondo es si este tipo de reformas termina por socavar la participación política de las mujeres al instrumentalizar el principio de paridad a favor de una agenda política particular. Usar estos avances legales para favorecer la candidatura de ciertas personas termina por trivializar una larga lucha que han dado las mujeres, muchas de ellas invisibilizadas y, en el camino, se termina por erosionar la credibilidad y la confianza en las elecciones.
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