En México, la amnistía es reconocida por nuestro sistema jurídico desde la Constitución de 1857. Sin embargo, fue el 22 de abril de 2020, durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador que la Ley de Amnistía se publicó en el Diario Oficial de la Federación, con el objetivo de atender casos de personas en situación de vulnerabilidad y corregir injusticias derivadas de procesos sin defensa adecuada.
De acuerdo con el Poder Judicial del Estado de México, la amnistía es “un instrumento jurídico con el que se deja de investigar a alguien por un delito, o cuando ya existe una sentencia, dicha conducta deja de existir y la persona puede recuperar su libertad cuando se encuentre en algún Centro Penitenciario y de Reinserción Social”.
Tras la entrada en vigor de la Ley Federal de 2020, varias entidades federativas comenzaron a aprobar leyes locales de amnistía, aplicables a delitos del fuero común. Esto marcó una nueva etapa a nivel estatal donde la amnistía dejó de ser exclusivamente política y se convirtió en un instrumento de revisión de justicia penal y de corrección de fallos estructurales dentro del sistema judicial.
En el caso del Estado de México, la Ley de Amnistía Estatal fue publicada en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 5 de enero de 2021. Algunos delitos para los que se puede considerar un proceso de amnistía en la entidad son: el aborto en todas sus modalidades; robo; los delitos que fueron imputados a personas campesinas o pertenecientes a pueblos originarios, comunidades indígenas o afromexicanas; las personas mayores de 65 años; entre otros.
De acuerdo con datos del Congreso Local mexiquense, el Estado de México es la entidad con mayor actividad en esta materia, ya que, de enero de 2021 a marzo de 2025, se han otorgado 3 mil 366 amnistías.
Esta cifra supera la de otros estados donde no se han armonizado del todo sus leyes o se contemplan más requisitos para la obtención del beneficio, lo que limita el número de amnistías otorgadas.
El caso más reciente de otorgamiento de amnistía concedido por el Poder Judicial del Estado de México es el de Tomás “N”, persona indígena otomí del municipio de Temoaya, como resultado de un pronunciamiento presentado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM).
Tomás fue sentenciado en 2014 por el delito de homicidio calificado y condenado a una pena de 43 años y 9 meses de prisión. Tomás ya había cumplido poco más de 12 años de privación de la libertad y fue liberado el pasado 17 de febrero de 2026.
Tras estudiar su caso, la CODHEM confirmó que Tomás es integrante de una comunidad indígena otomí, en situación de pobreza, con rezago educativo y con antecedentes de carencias estructurales en vivienda, servicios básicos y acceso a salud. Además, durante su proceso penal no contó con persona intérprete ni con defensa que tuviera conocimiento de su lengua y cultura, situación que impactó en su derecho humano a una defensa adecuada y a un acceso igualitario a la justicia.
La resolución dictada por la Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial sobre Tomás “N” es relevante porque visibiliza las injusticias que siguen enfrentando los pueblos originarios y, con ello, pone en el centro de la discusión pública la importancia de las garantías procesales, especialmente los derechos lingüísticos y culturales, como ejes de una justicia incluyente.
Es momento para que el congreso mexiquense revise la iniciativa de reforma enviada desde marzo de 2025 por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez a la Ley de Amnistía Estatal. Entre otros cambios, plantea beneficiar a mujeres acusadas o sentenciadas que no fueron juzgadas con perspectiva de género o de derechos humanos; a las personas que cometieron delitos bajo una situación de vulnerabilidad manifiesta y a personas mayores de 65 años que padezcan enfermedad terminal o crónico degenerativa.
CITA:
Tomás fue sentenciado en 2014 por el delito de homicidio calificado y condenado a una pena de 43 años y 9 meses de prisión.
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