Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el delito de feminicidio en el Estado de México disminuyó un 26 por ciento en 2025, con respecto a 2024.
Sin duda se trata de una cifra alentadora, sobre todo, en un estado donde los niveles de violencia alcanzados en contra de mujeres adultas y niñas hicieron que la exigencia de justicia y paz se convirtiera en una de las demandas más sentidas de la población.
Para fortalecer el acceso a la justicia a grupos en condiciones de vulnerabilidad, la Gobernadora Constitucional Delfina Gómez Álvarez, así como los titulares de los Poderes Judicial y Legislativo, la Fiscalía Estatal y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, presentaron una iniciativa de reforma a los artículos 5º y 88 de la Constitución Mexiquense, dirigida a fortalecer el derecho de las personas (especialmente mujeres, niñas, niños y adolescentes) a vivir una vida libre de violencia, así como mejorar el acceso a la justicia en situaciones de riesgo urgente.
El Congreso del estado recientemente declaró aprobada la minuta de dicha reforma constitucional, al recibir el aval suficiente de los cabildos. Entre otros efectos, con ello se crea el juzgado LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación), cuyo propósito es fortalecer la respuesta judicial ante la violencia de género; agilizar la actuación institucional mediante el otorgamiento de medidas de protección en plazos breves, bajo criterios de urgencia y salvaguarda inmediata; así como mejorar la coordinación entre las autoridades de seguridad, salud, procuración de justicia y atención a víctimas.
Se buscará que el Juzgado LIBRE sea un órgano especializado en órdenes y medidas de protección, que garantice un acceso más efectivo a la justicia a los sectores vulnerables. Todo esto, bajo una perspectiva de igualdad de género, dignidad humana, no discriminación, libertad y desarrollo integral.
El Estado de México ya cuenta con instancias de atención de primer contacto, como el Juzgado en línea Especializado en Materia de Violencia Familiar y de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, perteneciente al Poder Judicial de la entidad, y que desde su creación en 2021 ha otorgado 9 mil 27 medidas de protección a víctimas.
En 2022 se concedieron mil 938 medidas, 2 mil 871 en 2023 y 3 mil 372 en 2024, lo que pudiera atribuirse a que las mujeres han encontrado en esta vía una alternativa confiable para acceder a la justicia sin tener que trasladarse físicamente hasta los tribunales.
Para dimensionar la relevancia social de medidas como la creación del Juzgado LIBRE es necesario mencionar algunas estadísticas que colocan al Estado de México como una de las entidades más inseguras para las mujeres, niñas, niños y adolescentes:
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH – INEGI 2021), el Estado de México es la entidad donde más mujeres mayores de 15 años experimentan mayor violencia a lo largo de su vida, 78.7 por ciento.
En 2023, fueron atendidas cerca de 5 mil personas de uno a 17 años (89 por ciento mujeres) en hospitales del Estado de México por violencia familiar, la cual fue la cifra más alta a nivel nacional. En este mismo año, mil 575 personas de 1 a 17 años (91 por ciento mujeres) fueron atendidas por violencia sexual.
Medidas como la reciente reforma constitucional abona al conjunto de políticas públicas para garantizar el acceso a la justicia y el respeto de los derechos humanos de las mujeres, infancias y juventudes del Estado de México. Adicionalmente, la agilización del otorgamiento de órdenes y medidas de protección son una oportunidad para prevenir la reincidencia y el incremento de las violencias que pueden resultar en formas de violencia extremas e irreversibles.
Para que el Juzgado LIBRE comience a operar, se requiere el diseño de las leyes secundarias por parte del Poder Judicial, cuyo presupuesto para 2026 ya contempla la operación de este órgano jurisdiccional especializado.
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