En las comisiones de la Legislatura del Estado de México fueron aprobadas, por mayoría de votos, tres iniciativas conjuntas en materia de transparencia, una de ellas enviada por la gobernadora constitucional del estado, la maestra Delfina Gómez.

En el decreto conjunto se propone la extinción del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem), con el fin de armonizar lo dispuesto por la Constitución federal y, a su vez, adecuar el marco legal estatal a la nueva visión de la transparencia, sin perjuicio del ejercicio de los derechos fundamentales.

A propósito de esta discusión, vale la pena hacer un breve preámbulo. En noviembre de 2024, el Congreso de la Unión aprobó una reforma constitucional para la simplificación orgánica, cuyas implicaciones incluyeron la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en marzo de 2025.

El argumento central de esta reforma de gran calado gira en torno a la austeridad en el ejercicio del presupuesto público, ya que las funciones que realizaba el INAI son susceptibles de realizarse por el gobierno federal.

De manera resumida, la ruta que se ha seguido en el plano nacional consiste en que las funciones del INAI han sido transferidas a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y a un órgano desconcentrado que se llamará Transparencia para el Pueblo.

Algunas otras funciones que se han eliminado en las leyes secundarias en materia de transparencia son la facultad para presentar acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales; así como la facultad de atracción para recibir recursos de revisión de las entidades federativas que por interés público así lo ameritaban.

En el caso del Estado de México, la iniciativa enviada por la gobernadora plantea reformas constitucionales para extinguir al Infoem y transferir sus funciones a las autoridades existentes en materia de control interno y de vigilancia en el ámbito estatal y municipal.

De manera sustancial la propuesta también señala que “el personal de operación con el que actualmente cuenta (Infoem) será transferido a la autoridad garante de la vigilancia en el Poder Ejecutivo… lo que disminuye el gasto de operación al asumir esas funciones por autoridades ya constituidas”.

Además, el decreto propone atender el mandato constitucional de simplificación orgánica, considerar los principios de racionalidad y austeridad republicana y buscar eliminar todo tipo de duplicidades funcionales u organizacionales.

Otros grupos parlamentarios reiteraron críticas que se han escuchado también por parte de organizaciones de la sociedad civil, en el debate nacional con la desaparición del INAI, respecto a posibles retrocesos para el acceso a la información pública y la protección de datos personales.

Indudablemente, esta reforma constitucional y los cambios en las leyes secundarias suponen, en su conjunto, un cambio institucional de amplias proporciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en México y, ahora, en el Estado de México, que ha suscitado un amplio debate.

Ni cómo dudar que, en su momento, el desarrollo del derecho a la información en la región de América Latina condujo a develar violaciones de derechos humanos, así como escándalos de corrupción.

Sin embargo, también es cierto que, en nuestro país, a lo largo de los últimos años, detrás del argumento de defensa de un noble derecho, se desdoblaron amplias burocracias nacionales y locales, así como el uso de solicitudes de transparencia para otros fines menos que sociales.

En toda esta discusión que hoy ocupa a las y los diputados mexiquenses, amerita colocar en el centro del debate mecanismos efectivos para hacer que, con el cambio de paradigma del derecho a la información, se logre garantizar a las personas el acceso a este derecho humano consagrado en el artículo 6 de nuestra Carta Magna, en un contexto de austeridad y eficiencia en el gasto público que permita canalizar esos recursos a otros fines socialmente productivos.

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