Ha pasado más de una década de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, a partir de la cual, México reconoce la obligación de respetarlos, protegerlos, garantizarlos y promoverlos, tanto aquellos establecidos en la Constitución Política como en tratados internacionales. Esta obligación incluye no solo a las autoridades del gobierno federal, sino también a las de estados y municipios, quienes deben implementar acciones y políticas acordes con este mandato.

Lo anterior viene a propósito del reciente encuentro entre la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con sus homólogos estatales, en el marco de la Agenda Nacional de Derechos Humanos; un espacio para la coordinación y colaboración entre autoridades estatales y de la federación, para la creación, implementación y promoción de estrategias destinadas a la protección de los derechos humanos de las y los mexicanos.

En el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la agenda de derechos humanos ha tenido impulsos importantes, como la reciente aprobación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; la cual se complementó con las propuestas de más de mil participantes de colectivos de búsqueda de todo el país.

El Plan Nacional de Desarrollo 2025 – 2030 contempla estrategias y acciones que desde diferentes aristas atienden a las necesidades de la población y en cuyos preceptos se parte del respeto y garantía de los derechos humanos para todas y todos. En marzo de este año, en el marco del Día Internacional de la Mujer, fue presentada la Cartilla de Derechos de las Mujeres, la cual promueve 15 derechos fundamentales de las mexicanas, entre los que se encuentran los derechos digitales, el derecho a un trabajo digno y a un salario igualitario.

Y ante eventos coyunturales como las recientes políticas migratorias puestas en marcha por el presidente Donald Trump, la mandataria ha mantenido una posición de férrea defensa a favor de los derechos humanos de la comunidad migrante que vive en aquel país.

Por ser una obligación constitucional y ante el escenario nacional y regional, es imperioso que las entidades federativas fortalezcan sus políticas estatales para promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las personas que habitan, pero también transitan en sus respectivos territorios. La obligación en esta materia no solo es tarea del gobierno federal sino una tarea compartida con las 32 entidades federativas e, incluso, por todas las autoridades municipales.

Una perspectiva de derechos humanos en los gobiernos estatales podría tocar los siguientes elementos. Por un lado, demanda armonizar leyes locales con estándares nacionales e internacionales, sobre lo cual hay un vasto camino recorrido y aprendido por el Estado mexicano desde la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, que apunta a poner al centro la dignidad de las personas.

Las entidades federativas también deben seguir promoviendo programas a grupos prioritarios como pueblos indígenas, personas con discapacidad, migrantes, niñas, niños y adolescentes, mujeres víctimas de violencia y personas LGBTIQ+, y protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Así también, es relevante la inclusión de un enfoque de derechos humanos en planes y presupuestos estatales; y evaluaciones de impacto en esta materia antes de aprobar políticas públicas o acciones de gobiernos estatales y municipales, principalmente en proyectos de planeación urbana, servicios públicos y transporte.

Los Consejos o Comisiones Estatales de Derechos Humanos deberían tener mecanismos más robustos de colaboración y consulta con la sociedad, así como de coordinación con las Comisiones Estatales de Atención a Víctimas. Esto último es básico para la eficacia de programas de reparación integral del daño y acceso a la verdad y la justicia.

La coordinación entre distintas instituciones de gobierno estatales es tan necesaria como la colaboración con universidades y organizaciones de la sociedad, así como la definición de indicadores y resultados transparentes de cara a la sociedad, a fin de lograr una rendición efectiva en materia de derechos humanos en los estados.

Estos son apenas algunos aspectos con los que cuentan los gobiernos estatales para avanzar en la agenda de los derechos humanos con más ahínco, más aún si consideramos que la mayoría de ellos son emanados de Morena y comparten un proyecto humanista en el que, precisamente, la dignidad de las personas se pone al centro de la acción política.

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