Uno de los legados del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador es haber elevado a rango constitucional los programas sociales para el Bienestar. La primera iniciativa legislativa referente al tema, enviada por el entonces presidente, ocurrió en plena pandemia de covid-19, en 2020. Envió a la Cámara la iniciativa de reforma al Artículo 4º de la Carta Magna, para garantizar que las pensiones para adultos mayores, las becas para estudiantes de bajos recursos y discapacitados y el sistema de salud para quienes carecen de seguridad social, se convirtieran en derechos sociales.

Esta reforma representó un quiebre en el sistema político y en el constitucionalismo mexicano; por un lado, se rompe el vínculo entre la duración de un gobierno y la temporalidad con la que se condicionaba un programa social y, por el otro, se amplían los derechos sociales para grupos específicos de la sociedad que viven en condiciones de vulnerabilidad y marginación.

Al final del gobierno de López Obrador, en septiembre de 2024, el Congreso aprobó otra reforma para elevar a rango constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, dirigido a personas de 18 a 29 años.

Al arranque de la presidencia de Claudia Sheinbaum, el Congreso aprobó una serie de reformas para garantizar la continuidad de los programas sociales, como los programas Sembrando Vida, los Fertilizantes para el Bienestar y Bienpesca; reducción de 68 a 65 años la edad para recibir la pensión para adultos mayores; y garantizar la rehabilitación y habilitación de las personas con discapacidad permanente, priorizando a las personas menores de 18 años.

A finales del año pasado, la presidenta Sheinbaum anunció su intención de llevar tres nuevos programas sociales a la Carta Magna: el apoyo a mujeres de 60 a 64 o la Pensión Mujeres Bienestar, las becas para preescolar, primaria y secundaria; y el programa de Salud Casa por Casa. Los tres programas tocan temas que son prioritarios para la mandataria, como son las mujeres adultas mayores, la educación básica y los servicios de salud.

Recientemente, en el Estado de México, el Congreso mexiquense inició el análisis de cinco iniciativas (de Morena, PRI y de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez) para elevar a rango constitucional los programas sociales, con el objetivo de garantizar su permanencia, suficiencia presupuestaria y progresividad.

Según la página oficial de la legislatura, las Comisiones Unidas del Congreso mexiquense “avalaron reformas para garantizar derechos para personas con discapacidad y adultas mayores y mujeres; favorecer el acceso a una vivienda digna y establecer un salario seguro, justo y permanente para personas del campo, además de apoyos para quienes se dediquen a la pesca”.

Es de destacar la aprobación por unanimidad de las seis iniciativas de reforma constitucional en materia de bienestar y vivienda, las cuales serán remitidas a los 125 municipios para los efectos constitucionales. Las distintas bancadas coincidieron que la reforma blindará los derechos sociales frente a cambios políticos futuros, a la vez que se consagra en nuestra Constitución nuevos derechos vinculados a los sectores de la población más vulnerables.

En el Estado de México, los Programas Sociales benefician a un alto porcentaje de la población que, de acuerdo con el INEGI (2020) se encuentra cerca de 17 millones de personas (16,992,418). Para darse una idea, 1.2 millones de mexiquenses son personas de la tercera edad (con 65 años o más); el 16.1 % de la población son niñas y niños entre 0 y 14 años; y la población joven de 15 a 29 años representa el 25 % de los habitantes.

En el ámbito económico y de empleo, al primer trimestre de 2025, el INEGI informó que 57.7 % de las y los mexiquenses son económicamente activos, (poco más de 8 millones de personas); sin embargo, el 54.1 % desempeñan empleos informales.

El INEGI informó que en el Estado de México hay al menos 1.2 millones de personas con alguna discapacidad (7.1 % de la población total).

Además, 42.5 % de la población en el estado se encuentra en situación de pobreza moderada y 8.28 % en situación de pobreza extrema.

Con esta reforma, los poderes Ejecutivos y Legislativo del Estado de México se alinean a la Carta Magna y se da un paso más para garantizar los derechos sociales de mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad en la entidad.

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