Hace unos días, el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México rindió su segundo informe, donde hubo una grave omisión, pues no se menciona el robo de más de 32 millones de pesos, recursos públicos del Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad (TRIJAEM).
El Sistema Anticorrupción tiene la obligación de investigar este tipo de casos y es inadmisible que no haya hecho nada ni haya habido una sola mención al respecto.
El magistrado presidente Gerardo Backer no ha exigido justicia ni sanciones por los 29 retiros de las cuentas bancarias del TRIJAEM donde se dispersaron los recursos, ni ha llamado a la Fiscalía del Estado de México a investigar ese caso.
Lamentablemente, tampoco se ha observado interés por parte de la Fiscalía estatal ni de la Fiscalía Anticorrupción para dar seguimiento a ese asunto, lo que parecería evidenciar una posible complicidad entre ambas instituciones, cuyos titulares fueron nombrados por el anterior gobierno encabezado por el PRI.
Sin duda, es muy grave que no exista investigación ni sanciones para personas servidoras públicas, y sí una aparente complicidad para que no se castigue a quienes dispersaron el dinero.
Hay que recordar que el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Gerardo Backer, señaló que fueron víctimas de un hackeo en diciembre de 2023, cuando en realidad, a través de una persona autorizada y dada de alta ante la institución bancaria, se dispersaron recursos a diferentes cuentas bancarias del país.
La denuncia se presentó posteriormente, pero Backer siempre ha negado que hubo un hackeo y, al parecer, la Fiscalía estaría fabricando un delito contra una persona inocente, que está detenida en este momento, pero quien, de acuerdo con los registros de las cuentas bancarias, no hizo los retiros de dinero.
Nuestra gobernadora Delfina Gómez Álvarez ha sido muy clara, y en su segundo informe exigió que se denuncien todos los actos de corrupción, por lo cual he insistido en que se aclare este tema, dando cumplimiento a la instrucción de nuestra mandataria estatal.
Sin duda, el Sistema Anticorrupción del Estado de México queda a deber porque está obligado a investigar este asunto, pero no se atrevió a hacerlo.
Hubo una grave omisión que no se debe permitir. Hay que denunciar todos los hechos de posible corrupción.
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