El pasado 1 de diciembre del 2023 en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México dispersaron 32.4 millones de pesos mediante 29 operaciones bancarias, a cuentas de diferentes entidades federativas, por personas que entregaron a la institución bancaria datos personales para abrirlas.
Después de 21 meses la Fiscalía General de Justicia del Estado de México sigue sin dar resultados sin señalar, sin procesar, ni llevar a prisión a las verdaderas personas responsables de realizar los depósitos, de recibirlos y de haber cobrado el dinero.
El presidente del TRIJAEM, Gerardo Becker denunció tres días después de las operaciones, es decir el 4 de diciembre, y aseguró que hubo un ataque cibernético.
Después de que medios de comunicación locales publicaron la salida del dinero, el presidente afirmó que esos recursos habían sido recuperados.
Sin embargo, hoy sabemos que el dinero realmente fue sustraído del tribunal, por parte de servidores públicos, particularmente de un personaje que fue director de Administración,
Tomás Delgado, nombrado por el propio Becker y quien extrañamente le solicitó su renuncia hasta cinco meses después de los hechos.
En las operaciones que ya se han hecho públicas se ve que el “token” de Tomás Delgado fue el que autorizó a realizar las operaciones bancarias.
Al parecer parte del dinero fue recuperado gracias a un seguro contratado, pero los documentos que se han presentado muestran que el dinero fue robado del tribunal, y aun así el fiscal mexiquense José Luis Cervantes sigue sin investigar.
Los señalamientos del TRIJAEM han sido hacia una persona que también tenía un token, pero se le acusa por presunto abuso de autoridad.
No obstante, los datos del banco muestran con mucha claridad que los recursos fueron dispersados con el token de Tomas Delgado.
Hoy lo que tenemos es un robo presuntamente por parte de personas servidoras públicas del tribunal y sabemos que el presidente omitió y mintió sobre el hecho presuntamente delictuoso, pues aseguró que hubo un intento de hackeo, pero en realidad fue un robo.
La fiscalía tiene la obligación de investigar y llevar a prisión a los responsables. Tiene que detener a Tomás Delgado, investigar quién instruyó los depósitos y en caso de que magistradas o magistrados estén involucrados debe proceder legalmente, sin proteger a nadie.
Hasta ahora la fiscalía ha actuado lentamente.
Cabe recordar que el 1 de enero del 2023 los órganos autónomos adquirieron autonomía financiera plena, es decir que pueden manejar su nómina de manera libre.
El actual presidente fue designado el 13 de enero del mismo año y éste nombró a Delgado como director de Administración.
El presidente del TRIJAEM tiene mucho que explicar y el fiscal mucho por investigar. Como sociedad debemos exigir que ambos actúen y que estos actos no queden en la impunidad.
Las denuncias públicas que he hecho son para exigir justicia y no cederé en este tema.
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