La aprobación unánime de los acuerdos para implementar el Programa Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres 2026-2030 representa un avance importante en la construcción de una política pública que coloca en el centro la seguridad, la dignidad y los derechos de las mujeres.
Esta iniciativa abre una oportunidad para fortalecer la coordinación institucional, mejorar los mecanismos de prevención, ampliar la atención a las víctimas y, sobre todo, acercar la justicia a quienes durante años han enfrentado distintas formas de violencia.
Para el Estado de México, este programa representa una posibilidad de consolidar esfuerzos y traducir las estrategias nacionales en acciones concretas que lleguen a cada municipio, comunidad y hogar. Porque detrás de cada estadística hay una historia, una mujer que necesita ser escuchada, acompañada y protegida.
Hay algo que considero fundamental: la justicia debe ser accesible, pero también oportuna. Cuando una mujer decide denunciar violencia familiar, psicológica, patrimonial o económica, comienza muchas veces un proceso jurídico largo, complejo y profundamente desgastante. No solamente emocionalmente, también económicamente.
Las audiencias, los traslados, la asesoría jurídica, documentación y el tiempo que implica sostener un procedimiento pueden convertirse en obstáculos adicionales para quien busca salir de un entorno de violencia. Por eso, uno de los grandes retos de esta iniciativa será garantizar que las mujeres no solamente tengan derecho a denunciar, sino que cuenten con acompañamiento integral durante todo el proceso y condiciones reales para acceder a la justicia.
Quisiera poner especial atención en la violencia económica que enfrentan muchas mujeres después de una separación. Mujeres que durante años dedicaron su vida al hogar, a la crianza y al cuidado de sus familias, mientras sus parejas desarrollaban una trayectoria laboral y construían un patrimonio. Cuando la relación termina, muchas se encuentran sin ingresos propios, sin independencia económica y, en ocasiones, teniendo que enfrentar procedimientos para obtener alimentos, proteger su patrimonio y garantizar el bienestar de sus hijas e hijos.
Es importante que las autoridades y los órganos jurisdiccionales juzguen con perspectiva de género, reconociendo que el trabajo doméstico y de cuidados también representa una aportación económica y social. Que se analicen las desigualdades que se construyeron durante la relación y que no se permita que la falta de ingresos sea utilizada como una herramienta para humillar, controlar o vulnerar los derechos de las mujeres.
Por ello, deseo que este programa tenga una ejecución efectiva y que sus resultados puedan medirse en vidas transformadas: mujeres que reciben atención inmediata, que cuentan con representación y orientación jurídica, que obtienen medidas de protección oportunas y que no tienen que abandonar sus procesos por falta de recursos.
Que esta iniciativa también impulse mecanismos de seguimiento, atención psicológica, autonomía económica y justicia con perspectiva de género.
Hoy tenemos una oportunidad para avanzar. La aprobación de estos acuerdos es un paso que merece reconocerse; el siguiente será convertirlos en resultados que las mujeres puedan sentir en su vida.
Salir de la violencia no debería significar comenzar una batalla interminable para recuperar sus propios derechos.
Que la justicia no solamente sea un derecho reconocido en la ley, sino una realidad accesible, cercana y efectiva para todas.
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