La reciente cancelación de autorizaciones para recibir donativos deducibles por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a organizaciones de la sociedad civil obliga a una revisión profunda del equilibrio entre fiscalización y fortalecimiento del tejido social. En el ámbito de los derechos humanos de las mujeres, esta decisión no es menor: impacta directamente la capacidad operativa de quienes, desde lo local, sostienen procesos de acompañamiento, prevención y acceso a la justicia.
El cumplimiento normativo es incuestionable. La transparencia y la rendición de cuentas deben ser principios rectores para todas las organizaciones. Sin embargo, la discusión no puede limitarse a la legalidad formal. Es indispensable cuestionar si los mecanismos actuales consideran las condiciones reales en las que operan muchas asociaciones, particularmente aquellas que no cuentan con financiamiento constante ni con estructuras administrativas robustas.
Muchas organizaciones en México han asumido el compromiso de sostenerse con recursos propios, trabajo voluntario y redes comunitarias. En ausencia de apoyos públicos o privados, su permanencia depende de esfuerzos extraordinarios. En ese contexto, la cancelación de autorizaciones no sólo representa un trámite administrativo, sino una amenaza directa de desaparición para iniciativas que atienden problemáticas urgentes.
El cuestionamiento es legítimo: ¿existe equidad en la aplicación de estos criterios o se abre espacio a decisiones discrecionales? Antecedentes como la asociación Honestidad Valiente A.C., colocaron en su momento el tema en la agenda pública. Más allá de casos específicos, lo que está en juego es la confianza en que las reglas se aplican de manera uniforme, sin privilegios políticos ni sesgos institucionales.
También es necesario mirar el papel de los gobiernos locales. ¿Los municipios y las autoridades están realmente del lado de quienes defienden los derechos humanos? La ausencia de políticas claras de fortalecimiento al sector social sugiere que, en muchos casos, la relación es distante o limitada a lo discursivo.
Conviene subrayar un elemento estructural: las administraciones gubernamentales son temporales; tienen periodos definidos y, en muchos casos, agendas cambiantes. En contraste, una asociación civil puede proyectarse a décadas, incluso hasta 100 años, consolidando procesos sostenidos en el tiempo. Esta diferencia es clave. Los proyectos sociales no responden a ciclos políticos, sino a necesidades permanentes.
Por ello, resulta fundamental reconocer la viabilidad y el valor de las organizaciones que, con recursos limitados, sostienen la defensa de los derechos humanos. La regulación debe existir, pero no puede convertirse en un factor de debilitamiento. Se requiere un modelo que combine supervisión efectiva con acompañamiento institucional, simplificación administrativa y criterios diferenciados.
El debate no es sólo fiscal. Es una discusión sobre el tipo de país que se construye: uno que restringe o uno que fortalece a quienes, desde la sociedad civil, sostienen la igualdad, equidad y justicia como una práctica cotidiana.
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