Hablar de justicia social no es hablar de un concepto abstracto ni de un discurso político de ocasión. Es hablar de la dignidad humana, igualdad de oportunidades y garantía efectiva de los derechos para todas las personas. Nace como respuesta a las profundas desigualdades provocadas por los modelos económicos y sociales del siglo XIX, especialmente durante la Revolución Industrial, cuando las brechas entre quienes concentraban la riqueza y quienes aportaban su fuerza de trabajo se volvieron insostenibles.
El término comenzó a tomar forma en debates filosóficos, religiosos y políticos, pero fue en el siglo XX cuando se consolidó como un principio rector del derecho internacional. Tras las devastadoras consecuencias de las guerras mundiales, la comunidad internacional entendió que la paz no podía sostenerse sin justicia social. Así, en 1945 se crea la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que incorpora la promoción de los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la equidad como pilares fundamentales. Posteriormente, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 20 de febrero como el Día Mundial de la Justicia Social, reconociendo que la erradicación de la pobreza, empleo digno, igualdad de género y acceso equitativo a oportunidades son condiciones indispensables para la paz y el desarrollo.
La justicia social también encuentra sustento en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), fundada en 1919 bajo el principio de que “la paz universal y permanente sólo puede basarse en la justicia social”. Este organismo ha impulsado estándares internacionales sobre trabajo digno, derechos laborales, seguridad social y protección contra la discriminación.
Pero ¿cómo se conmemora la justicia social? No basta con actos protocolarios. Se conmemora impulsando políticas públicas que reduzcan brechas, promoviendo reformas legales que garanticen derechos y fortaleciendo instituciones que velen por la equidad. Se conmemora cuando se crean programas de inclusión económica, cuando se legisla para proteger a grupos vulnerables, cuando se construyen espacios seguros para mujeres, niñas y niños, y cuando se fomenta la participación ciudadana.
Sin embargo, uno de los mayores mitos es pensar que la justicia social solo puede ejercerse desde un cargo público, desde una diputación o un puesto de elección popular. La justicia social no es monopolio del Estado; es una responsabilidad compartida. Las organizaciones de la sociedad civil y las empresas socialmente responsables desempeñan un papel determinante.
Identificar áreas de oportunidad concretas. No se trata de abordar todo al mismo tiempo, sino de enfocar esfuerzos donde existen mayores brechas: violencia económica contra las mujeres, acceso desigual a la educación, precarización laboral, discriminación estructural, exclusión digital. En cada uno de estos temas, la ciudadanía organizada puede generar propuestas, incidir en la agenda pública y exigir rendición de cuentas.
Garantizar derechos no es solo tarea del gobierno; es también una cultura social. Significa comprender que los derechos humanos son universales, interdependientes y progresivos. Significa que cada acción desde una iniciativa comunitaria hasta un emprendimiento con impacto social puede convertirse en un acto de justicia.
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