Todo empezó con unas toallas. El famoso “Toallagate”, revelado por la periodista Anabel Hernández en un diario nacional, en 2001, fue el detonante a lo que siguió: una ley y un Instituto Nacional de Transparencia.
Aquella investigación dio a conocer el elevado costo de toallas, así como otros gastos onerosos de la Presidencia de la República, tras el anuncio de Vicente Fox sobre la austeridad que habría.
Desde entonces, en dos décadas, la legislación y los institutos nacional y locales fueron la garantía para obtener la información que derivó saber el gasto en una serie de televisión para mejorar la imagen de Genaro García Luna y la Secretaría de Seguridad; las investigaciones sobre Ayotzinapa, la Casa Blanca, la Estafa Maestra, los gastos en diversas obras, y decenas de casos de corrupción y abusos de gobiernos, dependencias y funcionarios.
El Estado de México no ha estado exento de escándalos por opacidad o revelaciones de nepotismo, contrataciones irregulares y etcétera de todos conocidos.
Hoy, el Infoem tiene sus horas contadas. Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, nombre que dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por la Secretaría de la Contraloría.
Voces a favor y en contra hay muchas. Periodistas que antaño hicieron de las facultades de la ley y el instituto una garantía para lograr encabezados, hoy enmudecen detrás de sus escritorios como parte del sistema que cuestionaban.
Pero más allá de posiciones políticas y vestiduras rasgadas, hay que tratar de ser objetivos y procurar que esta reingeniería de la transparencia no afecte el acceso a la información pública ni el principio de máxima publicidad. Eso es lo importante y ahora, al menos en el discurso, eso no está a discusión. Habrá que esperar los resultados de estos ajustes.
Para el “toallagate” Anabel Hernández logró la información sin ley ni instituto, valiéndose de investigar en el portal Compranet, al que solo acudían los proveedores de gobierno, pero ella con su trabajo abrió la puerta al resto. ¿Qué pasó?, cada vez se hizo más complicado consultar información en ese sitio.
Se debe reconocer que la burocracia y los criterios con que se interpretaba la ley eran un obstáculo en muchos casos.
La politización de los institutos se reflejaba en sus comisionados, en algunos casos con antecedentes en partidos políticos o con filias muy evidentes. Los intereses gubernamentales o de opositores deambulaban detrás de cámaras.
Por ello, el argumento del debilitamiento de la transparencia pierde fuerza, pues mientras haya ciudadanos, periodistas, instituciones interesadas en la información pública y sepa utilizar las herramientas disponibles, siempre habrá luz.
Sí, el hecho de que ahora sea la Contraloría juez y parte despierta suspicacias. Pero está en la sociedad civil, organizada e interesada luchar por la prevalencia del principio de máxima publicidad, ese que determina que toda la información generada o en posesión de los entes obligados es pública, salvo en casos excepcionales de seguridad.
No podemos permitir las penumbras, porque la oscuridad es el hábitat ideal de los monstruos. La posibilidad de saber, de exigir, de informarnos sigue ahí.
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