El llamado Bosque de Agua es una franja forestal de más de 250 mil hectáreas que conecta montañas, barrancas y manantiales entre el Estado de México, la Ciudad de México y Morelos. Su nombre no es metáfora: de sus entrañas provienen buena parte del agua que consumen más de 24 millones de personas del centro del país.
En términos ecológicos, es una fábrica natural de recarga hídrica. Sus suelos volcánicos -porosos y ricos en materia orgánica- permiten que la lluvia se infiltre y alimente los acuíferos. Sus bosques de oyamel, pino y encino regulan la temperatura, capturan carbono y sostienen una biodiversidad que incluye especies endémicas y en riesgo. Espacios como la Sierra de las Cruces o el Parque Nacional Lagunas de Zempoala son nodos estratégicos de este corredor biológico que funciona como esponja, pulmón y muralla climática al mismo tiempo.
Pero esa esponja se ha ido exprimiendo. La expansión urbana, la tala ilegal, los incendios forestales y la presión inmobiliaria han fragmentado el territorio. Se estima que en los últimos 30 años ha reducido su extensión en 40 por ciento por cambios en el uso de suelo. Cada hectárea perdida no es solo un árbol menos: es menos agua infiltrada, más riesgo de inundaciones y más sequía.
Por eso el acuerdo interestatal de colaboración, firmado el 25 de febrero, para desarrollar investigación científica orientada a su preservación es un punto de inflexión. El compromiso no es menor: implica generar datos compartidos, monitoreo hidrológico, análisis de cambio de uso de suelo y estrategias de restauración con sustento técnico. En otras palabras, pasar del discurso ambiental a la política pública basada en evidencia.
La suma de Michoacán al acuerdo amplía la dimensión regional del problema. El agua no reconoce fronteras políticas; los acuíferos tampoco.
En este entramado, el papel del Estado de México es decisivo. Una parte sustancial del Bosque de Agua se encuentra en municipios mexiquenses como Ocoyoacac, Huixquilucan, Lerma o Valle de Bravo. Es aquí donde la presión urbana del corredor Toluca-Valle de México ha sido más intensa y donde la autoridad estatal puede -o no- contener el avance irregular sobre suelo forestal. La política ambiental mexiquense tiene en sus manos la tarea de fortalecer la vigilancia, regular desarrollos inmobiliarios y apoyar a comunidades que históricamente han protegido el bosque mediante esquemas de manejo sustentable.
El Bosque de Agua no es un paisaje que adorna la periferia metropolitana. Es un sistema vivo que sostiene la seguridad hídrica de la región centro. Si se degrada, el costo no será solo ambiental: será económico, social y político.
El acuerdo firmado abre una oportunidad. La pregunta es si la investigación científica se traducirá en decisiones firmes frente a la presión inmobiliaria y la tala ilegal. Porque proteger el Bosque de Agua no es un gesto simbólico: es asegurar que, mañana, todavía haya agua que beber.
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