La entidad acaba de dar un paso importante -al menos en apariencia- para garantizar el libre ejercicio periodístico, el 31 de octubre se publicó el Protocolo de Actuación de las y los elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos.

El documento, inscrito en la Gaceta oficial, promete que ningún comunicador será hostigado ni intimidado por hacer su trabajo. Aunque la realidad, como suele pasar en este país, a veces se escribe con otra tinta.

El pasado 2 de octubre, en Toluca, los policías municipales agredieron a reporteros que cubrían la marcha conmemorativa del 68. Las imágenes de fotógrafos empujados, teléfonos arrebatados y cámaras derribadas circularon rápido. El gobierno municipal, aunque tarde, reaccionó. Su reivindicación vino hace un par de días, al realizar una mesa de diálogo con periodistas para aterrizar este protocolo. Se agradece y ojalá pueda replicarse en otros municipios, en especial del oriente y del Valle de México.

En este contexto se da el caso del periodista Arturo Espinosa, quien denunció penalmente amenazas hacia su persona. No es el primero ni será el último, pero el hecho reaviva la inquietud: avanzamos en protocolos, pero el miedo sigue siendo parte de la agenda del reportero. Desde aquí mi solidaridad.

Aunque dicho caso no tiene que ver públicamente con la actuación policial, nos ocupa para hablar del protocolo en mención.

En él, se establece que las fuerzas de seguridad deben respetar el derecho a informar, abstenerse de intimidar y no destruir material periodístico. Incluso ordena capacitar a los cuerpos policiacos en la materia. Es un paso que se aplaude. Pero los periodistas en general, acostumbrados a cubrir marchas con un ojo en la libreta y otro en el bastón policial, saben que los protocolos no detienen las botas ni las amenazas anónimas.

El verdadero reto está en transformar la cultura institucional. La policía necesita entender que un reportero no es un enemigo. Las autoridades deben asumir que el periodismo libre no es una molestia, sino una forma de darles legitimidad. Y los periodistas, por su parte, deben ejercer con ética y rigor, porque la credibilidad también es una forma de defensa.

Las asociaciones de periodistas del Estado de México enfrentan ahora una responsabilidad que no puede eludirse: difundir el protocolo, traducido en lenguaje práctico, capacitar a colegas y construir redes reales de apoyo. La unidad gremial no puede seguir siendo un discurso de ocasión. Cada agresión documentada, cada amenaza denunciada, debe convertirse en causa compartida.

El ejemplo es la propia publicación del protocolo. Pocas voces y medios la han difundido, y solo en el Valle de Toluca. No podemos ser indiferentes.

Proteger la libertad de prensa no es un favor que concede el poder, sino una obligación que sostiene al Estado mismo. Y mientras la calle siga siendo un territorio donde informar se paga con miedo, ningún protocolo, por bien redactado que esté, podrá llamarse victoria.

Síguenos en nuestras redes sociales:

Instagram: @eluniversaledomex, Facebook: El Universal Edomex y X: @Univ_Edomex