Hay una escena que se repite desde hace años afuera de oficinas públicas en México. Alguien llega con una carpeta bajo el brazo, mira una fila larga, pregunta dónde iniciar un trámite y antes de llegar a la ventanilla alguien se acerca: "yo te ayudo", "sale más rápido", "te ahorro tiempo", "conozco a alguien adentro". La promesa parece simple. El costo, casi nunca.
En México, el "coyotaje" se convirtió durante décadas en una economía paralela construida alrededor de la burocracia. Una red informal que vive de los tiempos de espera, la desinformación y la desesperación ciudadana. Y aunque suele verse como una práctica menor o incluso normalizada, detrás existe un mecanismo que alimenta corrupción, desigualdad y desconfianza institucional.
Por eso la reciente campaña "¡Di No al Coyotaje!", impulsada por el gobierno mexiquense, busca algo más ambicioso que retirar intermediarios de las oficinas públicas: intenta romper una cultura que durante años convirtió los trámites gubernamentales en un mercado clandestino. La estrategia comenzó a desplegarse en Centros de Servicios Administrativos y contempla orientación directa, identificación oficial del personal y mecanismos para denunciar intentos de cobro indebido o intermediación irregular.
El problema, sin embargo, es mucho más grande de lo que parece.
La corrupción vinculada a trámites públicos tiene costos medibles. La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025, presentada por el INEGI, estimó que los actos de corrupción relacionados con pagos, trámites y solicitudes de servicios públicos generaron un costo nacional de 17 mil 707 millones de pesos.
Además, el costo promedio para las personas afectadas alcanzó 3 mil 865 pesos, mientras que 15.6% de la población que tuvo contacto con autoridades o realizó algún trámite reportó experiencias de corrupción. El dato no mide específicamente el coyotaje, pero ayuda a dimensionar el tamaño de un ecosistema donde los intermediarios ilegales suelen encontrar terreno fértil.
Porque el coyotaje no opera igual en todos los casos. Escala de cientos de pesos a miles extra, dependiendo el trámite, el nivel de intermediación, urgencia o presuntos contactos ofrecidos. El negocio funciona porque vende algo más valioso que un sello: tiempo y efectividad.
Y ahí aparece una realidad incómoda: el "coyote" casi nunca inventa un problema; normalmente aprovecha uno que ya existe.
La lentitud administrativa, los procesos poco claros, los requisitos excesivos y la falta de orientación generan un ecosistema ideal. El intermediario entra justo donde el ciudadano se siente perdido. Donde la burocracia deja de parecer servicio y comienza a sentirse obstáculo.
Por eso el principal acierto de la campaña mexiquense quizá no está en los carteles o en el eslogan. Está en reconocer públicamente que existe un problema que durante años fue tratado como una práctica tolerada o inevitable.
Es también una oportunidad real para digitalizar procesos, simplificar requisitos, transparentar tiempos y reducir la discrecionalidad.
Ese es el antídoto para desmontar la idea aprendida durante generaciones: que en México las cosas avanzan más rápido cuando alguien conoce a alguien.
Y esa, probablemente, es la fila más difícil de terminar.
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