La Constitución Política del Estado de México fue promulgada el 14 de febrero de 1827, cuando la joven República apenas comenzaba a ensayar su andamiaje institucional y el país todavía buscaba una forma estable de gobierno tras la Independencia. Aquella primera Constitución mexiquense no sólo estableció las bases jurídicas de la entidad, sino que reflejó un territorio, una sociedad y una visión política profundamente distintos a los actuales. A casi dos siglos de distancia, el texto constitucional es también un testimonio del paso del tiempo y de las transformaciones del país y del propio Estado de México.

En su versión original, la Constitución local contemplaba límites territoriales mucho más amplios y difusos. El territorio mexiquense incluía regiones como Acapulco, Chilpancingo, Taxco, Cuernavaca, Pachuca, Huejutla, Tula, Tulancingo, e incluso Coyoacán, Xochimilco, Azcapotzalco y Tlalpan, que llegó a ser capital del estado. Aquella noción de Estado era más geográfica que administrativa; los municipios eran extensos, poco poblados y con una vida política dominada por élites locales y hacendarias.

Un dato que suele pasar inadvertido, pero que resulta simbólico, es que al momento de la promulgación constitucional la capital del Estado de México era Texcoco, tierra de la actual y primera gobernadora, Delfina Gómez. Texcoco fue desplazada un año después por Tlalpan y en 1830 por Toluca, en una decisión que respondía sí a criterios geográficos, pero también a la necesidad política de distanciarse de la capital del país y con ello lograr mayor autonomía.

Hoy, casi 200 años después, el Estado de México es la entidad más poblada del país y una de las más complejas en términos sociales, económicos y territoriales. La Constitución se ha reformado decenas de veces, acumulando disposiciones sobre derechos, principios y estructuras administrativas. Sin embargo, ese crecimiento normativo no siempre ha significado mejores resultados. Ejemplos sobran: se han incorporado amplios catálogos de derechos sociales sin mecanismos claros de exigibilidad; se han creado órganos y figuras anticorrupción cuya operación efectiva sigue siendo limitada; y se han reformado artículos sobre transparencia y participación ciudadana que, en la práctica, no han logrado revertir la desconfianza institucional.

De cara al bicentenario de su promulgación, la Constitución mexiquense llega como un documento vivo y siempre por mejorar. La pregunta no es sólo qué celebraremos, sino qué estamos dispuestos a corregir. ¿Será una conmemoración de discursos y ceremonias, o el punto de partida para una nueva legislación de vanguardia?

Muchos años han pasado desde el nacimiento del país y la estructura federalista con que fue concebido. La sociedad misma se ha transformado en todos sus aspectos y los derechos se han ampliado. Tal vez sea hora de pensar en un nuevo

documento con mayor enfoque municipalista, democracia participativa y rendición de cuentas, como ya se ha propuesto en algún momento.

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