Tomás Gabriel Crisanto pasó 13 años en prisión por un crimen que no sólo no cometió, sino que tuvo la valentía de denunciar.
El 16 de abril de 2013 salía de la tienda de abarrotes que atendía con su esposa en el municipio de Temoaya. En el camino se encontró con su sobrino, menor de edad, quien le pidió aventón. Desde la camioneta en la que viajaba, el joven disparó y mató a un hombre. Tomás acudió al Ministerio Público a denunciar el caso. Minutos después, fue detenido.
En 2014 lo sentenciaron a 43 años y 9 meses de prisión. Durante su encierro, su hija murió de leucemia. Estudiaba Derecho para defenderlo. Él, indígena otomí, nunca tuvo un abogado que hablará su lengua. Hubo pruebas de su inocencia que no fueron valoradas. La justicia fue ciega, pero en su contra.
Su libertad llegó hace unos días, el 16 de febrero, cuando la Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial mexiquense le concedió la amnistía. Para obtenerla, su familia tuvo que reunir 660 mil pesos por concepto de reparación del daño; empeñaron su casa. La libertad, incluso cuando es justa, tiene precio.
Pero el caso de Tomás no es aislado.
La Ley de Amnistía del Estado de México entró en vigor en enero de 2021, en un contexto de sobrepoblación penitenciaria y reclamos por procesos plagados de irregularidades. La intención era clara: corregir injusticias, especialmente en delitos no graves y en casos donde hubo violaciones al debido proceso. Desde entonces se han otorgado más de 3 mil amnistías.
Entre los casos más significativos se encuentran mujeres procesadas sin perspectiva de género, personas indígenas sin intérprete, y ciudadanos condenados bajo pruebas débiles o defensas inadecuadas. La amnistía se convirtió en un mecanismo correctivo, pero también en espejo de las fallas estructurales del sistema penal mexiquense.
En ese escenario, la gobernadora Delfina Gómez presentó en marzo del año pasado una iniciativa para reformar la ley, que está pendiente de ser revisada por el Legislativo. La intención es ampliar los supuestos de procedencia: incorporar con mayor claridad criterios de vulnerabilidad social, pobreza extrema, discriminación étnica, falta de defensa adecuada y perspectiva de género. No se trata de liberar indiscriminadamente, sino de reconocer que la desigualdad, injustamente, también condena.
El enfoque es humanista: que la justicia no sólo castigue, sino que repare. Que el Estado admita cuando falló. Que la ley contemple las condiciones sociales que rodean un proceso penal.
Al salir del penal, Tomás pidió revisar los casos de más de cien indígenas que siguen presos en cárceles mexiquenses. Su historia no termina en su libertad; apenas comienza como símbolo.
La amnistía, en el Estado de México, no es únicamente una figura jurídica. Es una prueba de si el sistema puede mirarse al espejo y corregirse. Porque cuando la justicia llega trece años tarde, no basta con abrir la puerta: hay que preguntarse por qué estuvo cerrada tanto tiempo.
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