Hace dos décadas, el Estado de México vivió una “guerra por el agua” con la Ciudad de México, cuando el entonces gobernador Arturo Montiel demandó en una corte internacional a la capital, entonces gobernada por Andrés Manuel López Obrador, para que reparara los daños causados por la sobreexplotación del vital líquido.
En una reciente entrevista para el periodista José Alam Chávez, el exmandatario mexiquense narra cómo se vivió el conflicto, en el que las autoridades del Edomex restringieron el agua en bloque que se surte desde el Sistema Cutzamala para obligar a que los capitalinos cumplieran con sus pagos. Al final, dice ahí, tuvo que intervenir el presidente Vicente Fox para apoyar al entonces Distrito Federal a saldar su deuda.
Ya en aquel tiempo, el mismo Montiel advertía en diversos foros que “las guerras del futuro serían por el agua”. Como precedente, en 1995, el entonces vicepresidente del Banco Mundial, Ismail Serageldin, había realizado la misma sentencia.
Hoy, en el Estado de México, esa frase suena más actual que nunca. El llamado Operativo Caudal, desplegado en los últimos días por el gobierno estatal, destapa una realidad que se sabía, pero que pocos querían reconocer: el huachicoleo del agua se ha convertido en un negocio tan lucrativo como el del combustible.
Mientras el Sistema Cutzamala alcanza más del 90 por ciento de su capacidad, tras años de sequía y crisis hídrica, salen a la luz los mecanismos ilegales que durante años drenaron el recurso: tomas clandestinas, desvíos de pozos y venta irregular de pipas, muchas veces operadas con protección política o bajo la mirada indiferente de autoridades municipales.
Lo que debía ser un bien público terminó convertido en una mercancía para unos cuantos. La necesidad humana, explotada.
Las causas son múltiples. Por un lado, el crecimiento descontrolado de la mancha urbana en el Valle de México, donde cada nuevo fraccionamiento exige agua aunque no haya fuentes suficientes. Por otro, la corrupción institucionalizada y la desigualdad en el acceso al líquido.
Desde 2022, el Estado de México tipificó el robo, sustracción y comercialización ilícita del agua potable como delito. Hasta ocho años de prisión es lo que considera el Código Penal mexiquense, y hasta nueve años si quien incurre en ello es servidor público. Sin embargo, el reto es hacer efectiva la ley.
El Operativo Caudal llega en un momento simbólico: cuando el agua vuelve a fluir en los embalses, pero también cuando la disputa por su control se intensifica. No es casualidad que el Estado de México, territorio conurbado, industrial y electoralmente estratégico, sea el epicentro de esta batalla. Es aquí donde se cruzan intereses de todo tipo. Ahí está la información de la Fiscalía mexiquense señalando a sindicatos y asociaciones involucradas en este delito. Falta conocer las redes de complicidad.
La guerra por el agua no es una metáfora. Ya está aquí, en el Valle de México. El desafío no es sólo castigar a los huachicoleros del agua, sino reconstruir la confianza en la gestión del recurso, antes de que la profecía de Montiel deje de ser advertencia.
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