Sembrar árboles no debería ser una fotografía para la propaganda. Debería ser una obligación de sociedad y gobierno, encabezada por las autoridades, una política pública permanente y, sobre todo, una forma de corregir el daño que durante décadas hemos infligido al territorio.
Ayer, autoridades federales y del Estado de México presumieron con entusiasmo la Jornada Nacional de Reforestación que se realizó en todo el país. El discurso fue verde, las imágenes también. Ahora falta saber cuánto de ese entusiasmo sobrevivirá cuando se apaguen las cámaras.
La jornada tiene una dimensión importante: la meta nacional era plantar 6.6 millones de árboles y plantas en 32 mil 184 hectáreas con la participación de 235 mil 97 personas, en 621 municipios y mil 632 núcleos agrarios. En el Estado de México participaron los 125 municipios y se planteó la siembra de más de cuatro mil árboles en Temoaya.
Son cifras que impresionan; obligan, además, a pensar en lo que viene después. Surge la pregunta de cada año ¿cuántos de esos árboles llegarán vivos a la próxima temporada de lluvias y cuántos recibirán mantenimiento durante los años siguientes?
Porque plantar no es reforestar. Reforestar significa preparar el suelo, elegir especies adecuadas, protegerlas, regarlas, combatir plagas, reponer pérdidas y medir su supervivencia. Un árbol colocado en una fotografía oficial no es todavía un bosque. Y mucho menos sustituye a los árboles maduros que se talan, a los humedales que se rellenan o a las áreas naturales que se convierten en concreto.
La verdad es que hemos abusado de la naturaleza. El cambio climático ya no se presenta como una amenaza distante: se expresa en temperaturas extremas, lluvias torrenciales, periodos de sequía, granizadas fuera de patrón y alteraciones rudas.
Las inundaciones y los hundimientos tampoco pueden explicarse solamente por el clima; pesan la pérdida de suelo permeable, la deforestación, la expansión urbana desordenada y sistemas hidráulicos rebasados. La naturaleza está cobrando, con intereses, decisiones que se tomaron como si el territorio fuera infinito.
Por eso la iniciativa llega bien, pero llega tarde. Y no puede quedarse en una jornada anual convertida en ritual político. Si las autoridades quieren hablar seriamente de restauración ambiental, deben comprometer presupuesto, metas verificables y supervivencia de los árboles. También deben dejar de autorizar obras que destruyen áreas verdes, o al menos equilibrar con restauración.
Regresarle a la naturaleza una parte de lo que le hemos quitado no es un acto de buena voluntad. Es una responsabilidad pública. Debe haber sanciones firmes para quien destruya, obligaciones para quien autorice y resultados públicos y medibles para quien gobierne. Lo urgente es que sobrevivan, no presumir. Plantar millones de árboles puede ser un comienzo; cuidar cada uno hasta convertirlo en bosque es la verdadera prueba. Si no entendemos esa diferencia, seguiremos sembrando para la foto mientras el territorio se seca, se inunda y se hunde frente a nuestros ojos.
La última trinchera
Los partidos están ya todos preparando las estructuras para la precampaña y, aunque las autoridades reportan que hay muchas denuncias, de todos contra todos, la ley resulta la más ignorada. Al parecer, el piso parejo es hoy, cada quien hace lo que quiere, o lo que puede.
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