México vuelve a estar bajo una lupa incómoda y la doble presión de la exigencia interna y externa. Esta vez no sólo es la persistente violencia del crimen organizado, sino por la presión directa que llega desde Washington y que se combina con un tablero internacional cada vez más tenso. La persecución y eventual detención de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, reaviva el debate sobre hasta dónde puede —o quiere— llegar Estados Unidos cuando considera que un gobierno ha sido omiso o incapaz de contener amenazas que, según su narrativa, cruzan fronteras. O simplemente porque a su presidente le da la gana.
En ese contexto, las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump no son menores. Acusar a México de falta de acción decidida contra los cárteles y sugerir una intervención directa es una advertencia que no puede tomarse a la ligera. Trump asegura que ofreció ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum para detener a los grupos criminales y que ella la rechazó “por miedo”. Más allá del tono provocador, el mensaje es claro: México está en la mira.
La presidenta Sheinbaum enfrenta una presión inédita. Por un lado, la defensa irrenunciable de la soberanía nacional, principio histórico de la política exterior mexicana. Por el otro, una realidad interna que no se puede maquillar: el narcotráfico sigue siendo un problema estructural, con territorios disputados, economías ilegales fortalecidas y comunidades atrapadas entre el miedo y el abandono. Negar esa realidad solo alimenta el discurso intervencionista del vecino del norte.
El caso venezolano funciona como espejo y advertencia. Cuando Estados Unidos decide que un gobierno es un obstáculo, la presión escala: sanciones, persecuciones judiciales, aislamiento diplomático. México no está en ese escenario, pero tampoco es inmune. La diferencia —y la clave— está en la acción interna. No en discursos, no en confrontaciones verbales, sino en resultados verificables.
La pregunta es inevitable: ¿habrá acciones suficientes y contundentes contra el narco para frenar cualquier intento de intervención? La respuesta aún está en construcción. Si el gobierno mexicano no logra demostrar, con hechos, que combate de manera efectiva a las organizaciones criminales, el argumento externo se fortalecerá. Y entonces, el margen de maniobra se reducirá peligrosamente.
México no puede permitir que otros dicten su agenda de seguridad. Pero tampoco puede seguir posponiendo decisiones difíciles. La soberanía se defiende con autoridad moral, sí, pero también con instituciones sólidas, estrategia clara y voluntad política. De lo contrario, el riesgo no es solo la presión externa, sino perder el control del propio relato, como sucedió todo el sexenio anterior. Y eso, en política internacional, suele tener consecuencias duras y duraderas.
La última trinchera
El cambiar el tono del relato en el Estado de México también ha sido difícil para la gobernadora Delfina Gómez y su gabinete.
En buena medida, tiene que ver con que los resultados en materia de seguridad, aunque empiezan a ser consistentes, son aún incipientes y no han encontrado la manera de generar y difundir un discurso consistente que contrarreste la percepción social, dura, implacable y sostenida en la realidad.
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