Hace unas semanas se aprobó en el Estado de México la despenalización del aborto, luego de 20 años de esfuerzo, desde el primer intento para promover esta reforma legal.
Estos años fueron de lucha intensa por abrir la mente de las diferentes bancadas, en las que no faltaban voces en contra, que aludían a una serie de consideraciones morales y políticas, que en resumen solo representaban falta de valentía de quienes se supone son nuestros representantes populares.
En el sentido práctico, la necesidad de votar a favor era evidente y las cifras lo demuestran.
En la Ciudad de México se llevaron a cabo 77 mil 160 abortos de mexiquenses entre 2007 y 2024. Nuestro estado ocupa el primer lugar entre las entidades cuyas mujeres van a la capital del país en busca de un procedimiento seguro.
Además, hay que decir que la mayoría de los embarazos adolescentes ocurren fuera de las escuelas, pues es solo el 6% el que se da entre estudiantes. El resto, están en casa.
En cambio, en nuestra entidad, no hay una sola mujer en la cárcel por un aborto. Eso implica que la decisión del Congreso es muy significativa, pero más en el ámbito simbólico que en lo práctico y valió la pena festejarlo como un triunfo de las mujeres, las que lucharon tanto dentro como fuera del recinto legislativo.
En la realidad, falta mucho por hacer, para verdaderamente resolver las necesidades de las mexiquenses en esta materia, en las que -dicho sea de paso- deberían estar involucradas sanciones para los hombres que abandonan las responsabilidades para con sus hijos no natos y las mujeres embarazadas que dejan abandonadas.
Pero hablemos de lo que por ahora queda pendiente. Por ejemplo, en la Ciudad de México, la ley también estableció desde 2007, cuando fue despenalizado el aborto, que el procedimiento debía realizarse en condiciones seguras dentro de los servicios de salud pública y con acompañamiento médico.
Esto marcó un precedente en el país y fomentó el debate, que obviamente en nuestra entidad no tuvo el efecto deseado.
En contraste, acá, muy a vuelo de pájaro, se mencionó que el sistema de salud absorbería estas funciones y no está integrado a la ley.
Solo consideremos que, si anualmente se realizan en promedio 5 mil procedimientos a mujeres del Estado de México en la CDMX, el costo total de los procedimientos para mexiquenses en la allá oscilaría entre 12 y 20 millones de pesos por año.
Ya si nos ponemos más exigentes, pensemos que, en otros países, donde este procedimiento es legal, se incluye en los servicios de salud pública el asesoramiento pre-aborto, evaluaciones médicas para confirmar el embarazo y determinar el tiempo de gestación.
Además, orientación psicológica y consejería para ayudar a la mujer a tomar una decisión informada.
También se toma como parte del servicio público apoyar con el control y seguimiento médico post-aborto para garantizar que no haya complicaciones.
Anticoncepción post-aborto, incluida la colocación de dispositivos intrauterinos (DIU) o provisión de anticonceptivos orales.
Vaya pues, hay mucho aún por hacer y tendríamos que estar concentradas desde ahora en resolver los “detalles” que se quedaron en el aire. Para empezar ¿qué habrá en el presupuesto para 2025?
La última trinchera
En el Estado de México, la reforma al Poder Judicial, en es preciso las letras chiquitas en cuanto a la elección de jueces y magistrados, tuvieron en buena medida la mano del presidente saliente, Ricardo Sodi.
A pesar de que se vio obligado a dejar su cargo antes de lo que la ley marca, consiguió incidir de manera importante, lo que implica un triunfo, aunque amargo. En todo caso, pronto sabremos de él. Veremos.
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