En materia de transparencia, México no vivió un simple relevo de instituciones; atravesó un cambio profundo en la forma de vigilar al poder. En 2002 nació el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental (Ifai) como una respuesta a décadas de opacidad y derivado del empuje de la sociedad mexicana. Entre 2014 y 2015 evolucionó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), con autonomía constitucional y mayores facultades.
Sí bien faltaba mucho por lograr, fue un avance muy significativo que nos colocaba a la vanguardia en materia de transparencia y acceso a la información.
Sin embargo, en 2025 desapareció y sus funciones, al menos en el discurso, fueron asumidas por la secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, lo que, de entrada, implica que la misma instancia es juez y parte, de manera que no hay garantía de transparencia.
Son tres etapas, tres diseños institucionales y, sobre todo, tres maneras distintas de entender el derecho ciudadano a saber.
La diferencia no es semántica. Es política. Y también democrática. La verdad es que cuando un organismo pierde independencia o cambia su naturaleza, también cambia la capacidad de la sociedad para exigir cuentas. El acceso a la información deja de ser un contrapeso efectivo y comienza a depender, cada vez más, de la voluntad del propio gobierno.
En el Estado de México esa realidad ya puede medirse. Hoy las autoridades informan menos que hace algunos años, y aunque aún existe el Informe, hay poco espacio de movilidad. Antes era posible solicitar y obtener con relativa claridad el destino de los presupuestos públicos: cuánto se asignaba a una obra específica, quién recibía contratos, qué dependencias ejercían mayores recursos o por qué existían ampliaciones presupuestales. Además, esos datos permitían contrastar discursos con hechos.
Ahora la información suele quedarse en la superficie. Se difunde el monto global del presupuesto y apenas algunos porcentajes generales sobre su distribución. Poco más. Desaparece el detalle que permite fiscalizar, comparar y detectar posibles irregularidades. Y es que sin información completa resulta prácticamente imposible seguir la ruta del dinero público.
La transparencia nunca fue un lujo burocrático. Fue una herramienta para periodistas, investigadores, organizaciones civiles y ciudadanos comunes que buscaban respuestas con documentos, no con discursos.
Reducir ese espacio significa limitar la vigilancia social justo cuando el manejo de miles de millones de pesos exige mayor escrutinio.
Perder transparencia es perder democracia en pequeñas dosis. Cada dato oculto amplía la distancia entre gobierno y sociedad. Cada respuesta incompleta debilita la confianza pública. Y cuando el derecho a saber se vuelve una concesión, la rendición de cuentas deja de ser una obligación para convertirse en un acto discrecional. Ese debería ser el verdadero motivo de preocupación. Porque una ciudadanía que desconoce cómo se ejercen los recursos públicos difícilmente puede premiar buenos gobiernos o castigar abusos. Sin excusas
El silencio administrativo nunca ha sido sinónimo de eficiencia; casi siempre termina siendo el refugio perfecto de la opacidad y no de un partido o grupo, sino de personajes individuales que se refugian tras las siglas construidas por alguien más, con trabajo e ideología y luego se mudan de traje según la conveniencia.
La última trinchera
Las vacaciones dieron un pequeño respiro a la política mexiquense, que había estado muy activa en tiempos recientes, pero eso no significa que todo esté en calma.
Seguimos con pendientes en Metepec y Tenancingo, más lo que se vaya acumulando.
Por lo pronto, la Fiscalía continúa con la con el operativo de las máquinas de juegos y eso le guarda grandes sorpresas a las alcaldías.
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