En el Estado de México, la alianza entre Morena y el Partido Verde enfrenta una prueba rumbo a 2027. El dirigente estatal del PVEM, José Couttolenc, ha planteado construir acuerdos parciales, municipio por municipio, en lugar de una coalición total. Compartir proyecto no significa renunciar al poder. Por lo pronto, ya ha emitió su propia convocatoria de "defensores", otra forma de pre candidatura adelantada.
En 2027 se renovarán las 75 diputaciones locales y los gobiernos de los 125 municipios mexiquenses. Morena, PT y Verde reúnen 56 de las 75 curules del Congreso local. Esa mayoría les da fuerza legislativa, pero también anticipa negociaciones difíciles por candidaturas y territorios. Cada espacio representa influencia.
El Partido Verde busca consolidar su crecimiento y demostrar que tiene estructuras propias. Ya ha lanzado su propia convocatoria a "defensores del Ha reivindicado resultados sin alianza en la región de los volcanes. Por eso, aceptar una coalición completa no necesariamente le conviene. Morena, por su parte, necesita conservar la cohesión de sus aliados sin desconocer que cada partido defenderá sus intereses.
Detrás de los llamados a la unidad hay cálculos electorales. Cada municipio representa una oportunidad de gobierno, presupuesto y presencia territorial. El problema comienza cuando esas negociaciones desplazan a la militancia y, peor aún, a los ciudadanos. Si las candidaturas se definen por cuotas, compromisos o lealtades personales, la trayectoría y la capacidad para gobernar quedan relegadas. Las encuestas tampoco deberían convertirse en coartada para legitimar decisiones tomadas de antemano, y menos si no está clara la metodología.
Además, la mayoría legislativa implica una responsabilidad que no puede reducirse a sumar votos. Morena y sus aliados deben explicar qué beneficios han producido sus acuerdos, cómo fiscalizan los recursos y qué problemas siguen pendientes. La disciplina parlamentaria no significa obediencia automática ni ausencia de debate; significa construir decisiones defendibles públicamente.
Los municipios no pueden convertirse en fichas de intercambio. Seguridad, agua, movilidad y servicios públicos requieren autoridades comprometidas con sus comunidades, no candidatos cuya principal virtud sea pertenecer al grupo político adecuado. La selección de aspirantes debería considerar resultados, experiencia y propuestas, no su utilidad partidista.
Morena y el Verde tienen derecho a competir, negociar y defender sus espacios. Lo que no deberían hacer es confundir sus acuerdos internos con las necesidades de la sociedad. La unidad puede servir para ganar elecciones, pero no constituye por sí misma un proyecto de gobierno.
Los mexiquenses no necesitan partidos que se pongan de acuerdo para repartirse el poder, sino fuerzas capaces de ponerse de acuerdo para resolver sus problemas. Esa será la verdadera prueba rumbo a 2027. La ciudadanía sí merece cuentas claras, no pactos en secreto.
La última trinchera
El partido Somos denunció presuntos actos anticipados de precampaña en el Estado de México y exigió a las autoridades electorales establecer reglas claras para garantizar condiciones de equidad rumbo a las elecciones entrantes.
Ellos llevan un interesante conteo, independiente de las denuncias ante el tribunal y señalan, no solo en el Estado de México, sino en todo el país. Según su revisión, Morena acumula 210 días de ventaja; el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), 192 días cada uno, mientras que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) suma 88 días, cifras que contabilizaron a partir de la aparición de las primeras lonas, bardas y actividades de promoción que identificaron. Vaya lío para los tribunales.
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