La seguridad pública sigue siendo uno de los mayores desafíos del Estado de México. Además de combatir los delitos, las autoridades deben ofrecer información clara, comparable y confiable. La diversidad de cifras y metodologías dificulta que la ciudadanía comprenda los avances y, sobre todo, los problemas pendientes.
Uno de los cuestionamientos es que 90 por ciento de la población adulta considera inseguro vivir en la entidad y 94.3 por ciento de los delitos no se denuncia. Son indicadores preocupantes que obligan a mirar más allá de los discursos oficiales y preguntarse qué tan cerca están los resultados institucionales de la realidad cotidiana.
Y es que, cuando los registros oficiales, los reportes de las fiscalías y las mediciones de percepción ofrecen perspectivas distintas, el ciudadano termina recurriendo a su propia experiencia. Lo que sucede en su colonia, en el transporte público o al regresar a casa pesa más que cualquier porcentaje. La percepción no sustituye a las estadísticas, pero ambas deben analizarse para entender el problema.
La enorme cifra negra evidencia la brecha entre los delitos cometidos y aquellos que se denuncian formalmente. Esto limita la capacidad para dimensionar la delincuencia y obliga a revisar por qué tantas víctimas no acuden a las autoridades. La desconfianza, los trámites y una atención poco sensible pueden influir en esa decisión.
Ante este panorama, el gobierno estatal debería convocar a la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General de Justicia, el INEGI y los municipios para construir un diagnóstico integral. No se trata de uniformar cifras a conveniencia, sino de explicar sus diferencias, metodologías y alcances.
El acuerdo debe traducirse en un informe público periódico que distinga incidencia delictiva, percepción de inseguridad, cifra negra, denuncias y casos judicializados. Los datos deben desglosarse por municipio y tipo de delito, con periodos comparables, metas verificables y explicaciones accesibles.
También hacen falta indicadores para evaluar la atención en las agencias del Ministerio Público y dar seguimiento a las quejas ciudadanas.
Además, el Congreso mexiquense debe exigir cuentas sobre esos resultados y promover evaluaciones que permitan detectar fallas, corregir estrategias y comprobar si los recursos destinados a seguridad generan mejoras.
La transparencia no consiste únicamente en publicar estadísticas, sino en convertirlas en decisiones y resultados medibles.
Un diagnóstico compartido y verificable es indispensable para dejar atrás la disputa de cifras y concentrarse en prevenir delitos, investigar y recuperar la confianza pública.
Mientras las instituciones discuten sus indicadores, las familias calculan riesgos antes de salir de casa.
La seguridad no se decreta ni se presume: se demuestra con datos confiables, autoridades que respondan y resultados que los mexiquenses puedan reconocer en las calles.
La última trinchera
Ya empiezan las renuncias de funcionarios, legisladores y hasta líderes partidistas en busca de una posición para la siguiente elección. En Morena han la señal de arranque y pronto veremos movimientos en los demás partidos.
Ya no parecen campañas adelantadas, se percibe que el tiempo es ahora. Mientras, el tribunal habla de las primeras denuncias, apenas 27, veremos cómo avanza.
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