Las fracciones parlamentarias del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Morena han presentado iniciativas relacionadas con una nueva Ley de Aguas en el Estado de México. La discusión abre una pregunta urgente: ¿las nuevas reglas mejorarán el suministro y la infraestructura que necesitan decenas de miles de familias, que llevan décadas con carencias y servicio irregular?
Toluca ofrece un ejemplo inquietante. Tras las restricciones aplicadas durante la sequía, la recuperación del abasto del Sistema Cutzamala no ha significado necesariamente que todos los hogares vuelvan a recibir agua con regularidad.
Las autoridades deben explicar dónde persisten los obstáculos, qué trabajos faltan y cuándo se normalizará el servicio. No basta con anunciar que hay más agua disponible, importa que llegue a las llaves.
Además, la extracción intensiva de agua subterránea y el deterioro de la infraestructura plantean riesgos que requieren atención, aunque no todos los hundimientos tengan una sola causa. En Toluca se han señalado 22 zonas de fractura del suelo, y también existen problemas de hundimientos se ha hecho evidente en municipios como Jaltenco, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Ecatepec, Chimalhuacán y Chalco. Las fugas y fallas del drenaje agravan la vulnerabilidad urbana y pueden propiciar socavones.
Una nueva ley debe contemplar la distribución equitativa, la transparencia en las inversiones, la reducción de fugas, el reúso de aguas residuales y la captación pluvial. Pero también debe precisar las obligaciones municipales. Los ayuntamientos y sus organismos operadores tienen responsabilidades en el suministro y el drenaje; necesitan metas públicas de mantenimiento, mapas de riesgo y protocolos de atención ante hundimientos. El gobierno estatal debe coordinar esfuerzos y vigilar el cumplimiento.
Tampoco puede quedar fuera la supervisión de los pozos ni la medición de la extracción. La legislación debe facilitar el acceso a información sobre volúmenes, concesiones, pérdidas en las redes y destino del presupuesto. Asimismo, debe establecer plazos de respuesta, mecanismos de denuncia y consecuencias ante incumplimientos. No puede soslayarse que, durante décadas, muchos organismos operadores de agua han servido como caja chica de las presidencias municipales y soslayado las urgencias de dar mantenimiento profundo, actualizar y mejorar la infraestructura, durante años se ha reportado que el 70 por ciento del líquido lo perdemos en fugas en los municipios.
La verdad es que legislar es apenas el comienzo. Una norma útil se demuestra cuando reduce fugas, previene riesgos y permite que una familia sepa por qué no tiene agua y cuándo volverá a tenerla. Por eso, las iniciativas del PVEM y Morena deben analizarse por sus alcances, obligaciones y mecanismos de vigilancia, no solamente por sus propósitos.
El derecho al agua no se garantiza con discursos ni con una ley guardada en el papel. Se cumple cuando el suministro llega, la infraestructura recibe mantenimiento y las autoridades responden. Si las nuevas reglas no obligan a prevenir, informar y rendir cuentas, la ciudadanía seguirá esperando abrir la llave mientras los problemas se acumulan.
La última trinchera
Ya terminaron las comparecencias formales, vienen las que tendrán a puerta cerrada los integrantes de Jucopo y se acaba el periodo del tercer informe de gobierno del EdoMéx.
Mientras tanto, los tiempos de cambio soplan cada vez más fuerte en el gabinete estatal y entre los que van a campaña y los que son incómodos, ya veremos como queda el gobierno estatal.
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