En el Estado de México, la desaparición de personas dejó de ser un dato aislado para convertirse en una constante que incomoda, duele y, sobre todo, evidencia fallas profundas. Las cifras oficiales trazan una línea clara, pero no necesariamente completa. Y ahí empieza el problema.

De acuerdo con registros nacionales, en 2026 hay poco más de 14 mil 700 personas desaparecidas y no localizadas. Un año antes eran 13 mil 982; en 2024, 12 mil 436. El incremento anual, de 12.4 por ciento, no es menor. Es, de hecho, una señal persistente de que algo no está funcionando. Si se amplía la mirada, entre 2011 y 2019 ya se acumulaban 29 mil 503 desapariciones. Es decir, la crisis no nació ayer, pero sí se agravó en la última década hasta colocar al estado en el primer lugar nacional.

Quien ha seguido estos datos lo dice con cierta resignación. Desde 2016 no hay año con menos de 500 casos. Y 2023 fue particularmente duro, con mil 722 desapariciones. Además, hay un patrón que inquieta. Cerca de 3 mil 800 a 3 mil 900 víctimas son menores de edad, y el grupo más afectado está entre los 15 y 19 años. Jóvenes. Estudiantes. Vidas apenas en construcción.

Pero la lectura cambia cuando se escucha a organizaciones de la sociedad civil. Ellas insisten en algo incómodo, las cifras oficiales se quedan cortas. Hablan de subregistro, de una cifra negra que no termina de dimensionarse. Casos que no se denuncian por miedo, por desconfianza o por desgaste. Otros que se clasifican de forma incorrecta. Y es que, como explican, hay fallas periciales, búsquedas tardías y una coordinación institucional que muchas veces no llega a tiempo.

Colectivos lo resumen sin rodeos “los números son altos, pero la realidad es más grande”. Y tiene sentido. Porque incluso esos más de 14 mil casos en 2026 podrían ser apenas una parte del problema real.

Si el enfoque se centra en mujeres, la preocupación crece. Desde 2016 contabilizan 3 mil 422 mujeres desaparecidas. Y en solo dos años y medio recientes, mil 641 casos. La cifra no solo aumenta: cambia de significado. Las organizaciones advierten vínculos con trata, violencia sexual y feminicidio. No es una hipótesis lejana, es una constante que se repite.

Ahora bien, el tema de las fosas clandestinas abre otra grieta. Oficialmente, no existe una base estatal pública, completa y actualizada. La información es fragmentada, dispersa, dependiente de hallazgos aislados. A nivel nacional se registraron mil 978 fosas entre 2006 y 2016, pero en el caso mexiquense no hay una cifra consolidada. Es, en términos simples, un vacío.

Desde la academia y ONGs se han identificado municipios con alta probabilidad de fosas, pero sin números definitivos. El estado aparece en mapas de riesgo, aunque no siempre en los rankings más visibles. Y eso, lejos de tranquilizar, genera más dudas.

Los colectivos, en cambio, describen otra escena. Hallazgos constantes, muchas veces realizados por las propias familias. Falta de registros, de sistematización, de transparencia. “Nosotras encontramos, pero no siempre cuentan”, dicen. Y en esa frase cabe toda la frustración.

Al final, lo que queda es una brecha evidente. Por un lado, cifras oficiales que crecen y documentan. Por el otro, una realidad más amplia que apenas se asoma en los registros. La verdad es que el Estado de México enfrenta una crisis estructural, con epicentros claros en municipios como Ecatepec, Toluca o Naucalpan.

Y es que no se trata solo de números. Se trata de ausencias que no regresan y de respuestas que siguen sin llegar.

La última trinchera

La semana pasada, finalmente se dio a conocer la salida -despido o renuncia, da igual- de la secretaría de Salud del Estado de México, Macarena Montoya, luego de meses de especulación de todo tipo.

Ahora, hay más dudas, con la intervención de fuerzas del orden para la detención de sus colaboradores en materia financiera. Cuentan que las investigaciones irán a fondo y se espera encontrar una historia truculenta ahí. ¿Será este el primer caso que veamos de un ex secretario enfrentar consecuencias?

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