La política mexiquense atraviesa uno de esos momentos en los que resulta complicado encontrar certezas. Los tiempos están revueltos, desordenados e inciertos. Cuesta trabajo, incluso para quienes participan directamente en la toma de decisiones, identificar con claridad qué está ocurriendo, cómo se están enfrentando los problemas y, sobre todo, hacia dónde se dirige el poder público en el Estado de México.
La acumulación de conflictos recientes refleja una preocupante ausencia de control político. Al escándalo que rodea a Fernando Flores se sumó el protagonizado por el de una alcaldesa involucrada en un presunto autosecuestro familiar que posteriormente derivó en acusaciones de supuesto montaje desde las más altas esferas de autoridad.
Como si eso no fuera suficiente, también apareció el caso del secretario del Ayuntamiento de Toluca señalado públicamente por presunto acoso sexual. Todo ello ocurrió apenas en cuestión de semanas.
La verdad es que si cada episodio, por separado, representa un desafío institucional, juntos conforman una cadena de acontecimientos que proyecta una imagen de improvisación y desorden. Más preocupante aún es que los intentos por contener las crisis han sido escasos y poco efectivos. En varios casos, las respuestas oficiales terminan alimentando más dudas que certezas.
Y es que gobernar exige algo más que voluntad política. Requiere experiencia, capacidad de análisis y equipos capaces de anticipar escenarios complejos. Una cosa es presumir estilos distintos o nuevas formas de hacer política; otra muy diferente es quedar atrapado en la parálisis administrativa o exhibir incapacidad para resolver conflictos que escalan día tras día.
Lo verdaderamente grave no ocurre únicamente en las altas esferas del poder. Los escándalos afectan directamente a quienes los protagonizan y a los grupos políticos involucrados. Sin embargo, las consecuencias trascienden esos círculos. La incertidumbre institucional se filtra hacia la sociedad, alimenta la desconfianza ciudadana y debilita la credibilidad de las autoridades.
Además, dentro del propio sector político parece imponerse una lógica de supervivencia individual. Cada actor construye su propia trinchera. Se privilegian los cálculos personales sobre los proyectos colectivos. No se observa una visión compartida de largo plazo ni una estrategia capaz de articular intereses diversos alrededor de objetivos comunes.
Por eso urge serenidad, detener la inercia de la reacción permanente y recuperar la capacidad de reflexión. El poder mexiquense necesita rodearse de experiencia, escuchar voces especializadas y reconstruir mecanismos eficaces de conducción política. Porque cuando las crisis se multiplican y nadie parece capaz de apagarlas, el problema deja de ser de imagen. Se convierte en un problema de gobernabilidad.
La última trinchera
Ayer la Comisión Estatal de Derechos Humanos anunció que iniciará una investigación en torno al caso del abuso acusado por una compañera reportera a manos del secretario del Ayuntamiento de Toluca, Justo Núñez Skinfill.
Eso puede derivar en una recomendación y medidas de seguridad para la víctima. El asunto es serio, no bastará con un comunicado lleno de palabras sin contenido de peso. Al menos debió ser separado de su cargo durante la investigación, eso hubiera mostrado verdadera voluntad. Mal por el gobierno municipal de la capital mexiquense, que ya acumula varias agresiones contra periodistas y la respuesta ha sido, por decir lo menos, insuficiente. Corre el riesgo de convertirse en la política de comunicación institucional.
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