El debate sobre la desaparición de personas en México volvió a tensarse, y no es para menos. La reciente postura del gobierno federal, al presentar un informe que privilegia las carpetas de investigación como eje para dimensionar el problema, encendió alertas entre organizaciones civiles que llevan años documentando lo que, en los hechos, rebasa cualquier cifra oficial.
La crítica no es menor. Y es que, como han señalado organizaciones de la sociedad civil, medir la magnitud de la desaparición únicamente a partir de denuncias formales ignora una realidad profundamente incómoda: en México, la cifra negra de delitos no denunciados alcanza el 93 por ciento.
Dicho de otro modo, la mayoría de los casos ni siquiera llegan al escritorio de una fiscalía. La verdad es que, bajo ese enfoque, miles de personas desaparecidas simplemente quedan fuera del registro.
Además, el planteamiento de que la apertura de una carpeta de investigación sea condición para activar la búsqueda no solo resulta limitado, sino preocupante. Desde la experiencia de quienes acompañan a familias, esta condición puede traducirse en retrasos, omisiones y, en el peor de los casos, en la negación del derecho básico a ser buscado.
Y es que, aunque se anunció como una medida nueva, lo cierto es que esta obligación existe desde la Ley General en la materia de 2017. El problema, insisten, no está en la norma, sino en su incumplimiento sistemático.
A esto se suma un señalamiento aún más delicado: condicionar el registro de una desaparición a la existencia de una carpeta puede terminar premiando la ineficiencia institucional. Porque si la autoridad no investiga, entonces, en los hechos, la persona no existe en las estadísticas. Así de crudo.
En paralelo, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha puesto el foco internacional sobre México. Más de 130 mil personas desaparecidas, el hallazgo constante de fosas clandestinas —más de 6 mil 200— y al menos 76 mil restos humanos sin identificar dibujan un panorama que trasciende lo administrativo. Para el organismo, lo relevante no es solo quién comete estos actos, sino la magnitud, la repetición y el impacto sobre la población civil, elementos que podrían encuadrar en la categoría de crimen de lesa humanidad.
Sin embargo, la respuesta del gobierno ha sido rechazar estas observaciones, argumentando que no se reconocen avances recientes y que se omite el contexto de administraciones anteriores.
Pero aquí surge una pregunta incómoda, ¿puede analizarse la crisis de desapariciones fragmentando responsabilidades por sexenios?
Porque, más allá de los cortes políticos, las cifras acumuladas —incluyendo las registradas durante el gobierno de López Obrador y lo que va de la actual administración— siguen creciendo.
La discusión de fondo no es técnica, es profundamente humana. Y es que detrás de cada número hay una ausencia, una familia que busca, una historia interrumpida. Reducir esa complejidad a criterios administrativos puede resultar cómodo, pero difícilmente será suficiente para enfrentar una de las crisis más dolorosas del país.
La última trinchera
En el Estado de México, aún cuando el tema de las desapariciones no es una prioridad en discursos políticos ni en políticas sociales, En el Estado de México, más de 14 mil personas permanecen desaparecidas, con un incremento sostenido en la última década que lo coloca en primer lugar nacional. ONG advierten subregistro y fallas institucionales. En fosas clandestinas, la opacidad prevalece: no hay cifras claras y muchos hallazgos provienen de colectivos.
Sería bueno empezar a tomar aquí con mayor seriedad estos problemas, las cifras son enormes.
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