Miles de transportistas lanzaron la amenaza de un paro general esta mañana para exigir un aumento en la tarifa, y aunque la palabra “paro” se repite cada cierto tiempo como advertencia, esta vez parece que la mecha está encendida de verdad. El escenario catastrófico no es menor: el primer día de regreso a clases, con millones de estudiantes, trabajadores y familias intentando llegar a sus destinos, justo cuando más vulnerable es la ciudad al colapso, los transportistas lo saben bien, por eso amagan, a eso le apuestan. Pero este un es un asunto nuevo,
El transporte público mexiquense carga desde hace años con vicios profundos. Autobuses viejos, combis que parecen más bien latas sobre ruedas, choferes que trabajan jornadas interminables sin seguridad laboral y rutas que nadie fiscaliza con seriedad.
El resultado es un servicio inseguro, incómodo y caro para lo que ofrece. Y sin embargo, pese a esas malas condiciones, es el único medio al que millones de personas pueden recurrir para moverse día tras día.
Se ha vuelto, tristemente, una dependencia obligada, una cuerda floja por la que caminan millones de ciudadanos sin tener alternativa real.
Ahora bien, el paro anunciado es más que una protesta: es un grito desesperado por parte de los transportistas, pero también un chantaje que coloca a la población en medio del fuego cruzado.
¿Qué pasará si las calles de Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Naucalpan amanecen sin camiones ni combis? Las avenidas se convertirán en estacionamientos interminables, el metro se desbordará de usuarios que no puede absorber, los estudiantes llegarán tarde a clases y los trabajadores perderán horas valiosas en el trayecto. No hablamos de incomodidad, hablamos de un verdadero colapso urbano.
Y en medio de esta tormenta, la Secretaría de Movilidad parece más un espectador pasivo que un árbitro con capacidad de decisión. Su titular, Daniel Sibaja, ha demostrado, una y otra vez, una preocupante falta de liderazgo para encarar una crisis que no llegó de sorpresa, sino que se ha gestado durante años.
No hubo una política seria de renovación de unidades, tampoco un plan integral de movilidad que incluyera alternativas como el transporte eléctrico o el fortalecimiento de corredores principales. Lo que se hizo fue administrar el desastre, no resolverlo.
El problema es que cuando la autoridad pierde autoridad, los transportistas sienten que la única vía para ser escuchados es parar el reloj de la ciudad.
Y los ciudadanos, los que pagan pasaje y aguantan la inseguridad diaria, son los que terminan siendo rehenes. La verdad es que este lunes podría ser un espejo que nos muestre lo frágil que es el sistema de movilidad mexiquense: basta con que un gremio cierre la llave para que todo se derrumbe.
Lo urgente es el paro. Pero lo indispensable es repensar, de una vez por todas, el modelo de transporte en el Estado de México. No se trata de apagar incendios, sino de construir un sistema que deje de poner en jaque a millones de personas cada vez que un conflicto estalla.
Porque un servicio público que depende de amenazas para funcionar ya no es servicio, es un desastre anunciado.
La última trinchera
La crisis en el gabinete estatal está que revienta. Los cambios, rumores, despidos y contrataciones insólitas son el tema en todas las conversaciones, mientras, se preparan para el informe de la gobernadora Delfina Gómez.
Es evidente que el barco hace agua, lo que preocupa es saber si tienen los expertos capacidad para resolver la crisis de manera inmediata y eso no se ve claro.
Mientras, la presidenta Claudia Sheinbaum sigue apostando su capital político -y del otro- en tierra mexiquense, este fin de semana con el arranque del programa de bacheo, que urge.
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