A veces la política mexicana avanza a golpes de realidad. La presidenta Claudia Sheinbaum lo sabe. Su primera propuesta de reforma electoral no alcanzó la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y, lejos de dar por terminado el tema, decidió regresar a la mesa con un nuevo planteamiento.
"No es una derrota", dijo con firmeza.
Más que un revés definitivo, lo ocurrido parece una pausa obligada en una discusión que lleva años abierta: cuánto cuesta nuestra democracia y quién debe pagarla.
La nueva iniciativa constitucional que enviará al Congreso en breve parte de una idea sencilla en apariencia, pero políticamente explosiva: reducir privilegios y fortalecer la participación ciudadana.
En términos concretos, el llamado Plan B propone poner topes a los presupuestos de los Congresos locales y del Senado, disminuir el número de regidores en los ayuntamientos y abrir la puerta a consultas populares sobre temas electorales. Además, plantea adelantar la revocación de mandato para que pueda realizarse en el tercer o cuarto año de gobierno.
Según explicó la propia presidenta, estas medidas podrían generar ahorros cercanos a los 4 mil millones de pesos, recursos que se quedarían en estados y municipios. Eso habrá que verlo, porque hasta ahora la austeridad no ha beneficiado los presupuestos locales.
No es un asunto menor. En un país donde muchos ayuntamientos apenas alcanzan para pagar nómina y servicios básicos, ese dinero podría significar obras, seguridad o programas sociales.
La pregunta inevitable es si el recorte realmente llegará a donde se promete y se va a distribuir de manera equitativa o se va a diluir en los proyectos prioritarios de presidencia.
La reforma original tenía un alcance más profundo. Proponía reducir el financiamiento público a los partidos, modificar el sistema de representación proporcional para que los diputados plurinominales fueran electos directamente por la ciudadanía y recortar el presupuesto de las autoridades electorales, incluido el INE.
También planteaba revisar las funciones de los organismos electorales locales para evitar duplicidades.
Sin embargo, el nuevo plan deja fuera el tema de las plurinominales. No desaparece del todo la discusión, pero se pospone. En los pasillos del poder se comenta que algunos cambios podrían trasladarse a las leyes secundarias, donde no se requiere mayoría calificada. En estados como el Estado de México, Morena tendría margen para impulsar ajustes sin demasiados obstáculos.
Aun así, el mensaje político es claro: el gobierno insiste en recortar recursos a partidos y estructuras legislativas que durante décadas crecieron. La verdad es que el debate no es nuevo. Cada elección revive la misma incomodidad ciudadana frente a los costos del sistema político.
La cuestión de fondo, sin embargo, no es sólo cuánto dinero se ahorra. También importa cómo se protégé la pluralidad y la confianza en las reglas del juego democrático.
No hay que olvidar que los ahora partidos mayoritarios, Morena incluido, crecieron al amparo de esas reglas que ahora pretenden desaparecer.
Pareciera que la intención es acotar a la oposición actual para asegurar la permanencia del partido oficialista en el poder. La hegemonía de la 4T, pues.
Reducir privilegios suena bien, incluso necesario. Pero hacerlo sin debilitar los contrapesos institucionales será el verdadero desafío de esta reforma electoral.
La última trinchera
Los legisladores de todos los partidos en el Estado de México están que se comen las uñas por conocer el desenlace final de la disputa por la reforma electoral, dado que lo que ocurra en el Estado de México será un reflejo.
Muchos corren el riesgo de perder posiciones que sólo han ganado por sus apellidos o por ser burocracia dorada en los partidos.
La pregunta es, ¿por quién serán sustituidos? Dicen que "más vale malo por conocido que bueno por conocer”. Veremos
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