El proceso electoral todavía no comienza de manera formal, pero la realidad política del Estado de México demuestra que las precampañas ya están en marcha. Unas abiertas, otras disfrazadas. Lo cierto es que nadie quiere llegar tarde a la disputa por el poder y, una vez más, la ley parece ir varios pasos detrás de la política.
Morena y el Partido Verde comenzaron desde el año pasado con una intensa operación territorial mediante figuras que, sin llamarse candidatos, recorrieron municipios, organizaron reuniones y posicionaron nombres. Fue una estrategia conocida, ensayada con éxito en procesos anteriores y que prácticamente no encontró resistencia por parte de la autoridad electoral, pues estaban fuera del radar legal, por estar tan adelantados. El mensaje fue claro: quien pega primero, pega dos veces.
Ahora el PRI responde con una fórmula similar. La presentación de los llamados "Defensores de México" recuerda inevitablemente a los coordinadores territoriales utilizados por Morena. Cambia el nombre, pero no el fondo. Se trata de estructuras políticas que, en los hechos, funcionan como plataformas de posicionamiento anticipado. La pregunta es inevitable: ¿el árbitro electoral aplicará el mismo criterio para todos o volverá a llegar cuando el partido ya terminó? Porque basta una denuncia para poner a prueba la imparcialidad de las instituciones.
Además, la confrontación política vuelve a trasladarse al terreno judicial. Morena ha reactivado su ofensiva contra el alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández, quien fue vinculado a proceso por el delito de abuso de autoridad, aunque enfrenta el procedimiento en libertad por decisión judicial. Desde el oficialismo se insiste en que debería estar en prisión, elevando el tono de una campaña política que parece no detenerse.
Sin embargo, la vehemencia por el cumplimiento de la ley y el respeto a la democracia desaparece cuando se observa el caso de la alcaldesa morenista de Tenancingo, Nancy Nápoles. También fue vinculada a proceso y enfrenta acusaciones relacionadas con la presunta simulación de un secuestro que, según las investigaciones, habría buscado justificar un faltante cercano a 40 millones de pesos del erario municipal. Ella también permanece en libertad.
La diferencia no está en la situación jurídica. Está en la narrativa política. Mientras un expediente se convierte en bandera de ataque cotidiano, el otro apenas merece silencio. Esa doble vara desgasta el discurso de combate a la corrupción y fortalece la percepción de que el llamado a la justicia se utiliza como herramienta de conveniencia política. Nada nuevo, los ciudadanos ya lo hemos visto antes.
La verdad es que las campañas apenas asoman y ya exhiben viejos vicios: promoción anticipada, estructuras paralelas, denuncias selectivas y un discurso que cambia según el color del partido involucrado. Si las reglas existen, deben aplicarse sin excepciones. De lo contrario, la contienda comenzará con un árbitro cuestionado y con ciudadanos cada vez más convencidos de que, en política, la ley suele pesar menos que la conveniencia.
La última trinchera
Por cierto, seguimos todos en ascuas esperando el informe del OSFEM respecto del ayuntamiento de Tenancingo, para salir de la duda acerca del presunto desfalco que supuestamente habría llevado a la alcaldesa a armar el numérico del falso secuestro.
Sabemos que ese organismo tiene mucho trabajo, pero el caso nos tiene a todos en suspenso y se hace urgente conocer de fondo cómo estaba el manejo de los recursos por aquellos lares, si el desfalco era de 40 millones o el asunto es peor.
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