La decisión de la Fiscalía General de la República de citar a declarar al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como a diversos políticos y mandos policiales de la entidad, marca un momento delicado para la vida pública del país.
No se trata de un episodio menor ni de una simple disputa política. Ocurre apenas unas semanas después de que autoridades de Estados Unidos señalaran presuntos vínculos de personajes sinaloenses con Los Chapitos, una de las facciones más poderosas del Cártel de Sinaloa. En ese contexto, cualquier movimiento institucional adquiere una dimensión nacional e incluso internacional.
Rocha Moya confirmó el citatorio y sostuvo que acudirá "con la frente en alto" y con la confianza de que la verdad prevalecerá. La declaración busca transmitir serenidad en medio de una tormenta política que amenaza con extenderse. Sin embargo, la realidad es que el impacto del caso rebasa la situación personal del mandatario con licencia. Lo que está en juego es la credibilidad de las instituciones encargadas de investigar y procurar justicia.
La aclaración realizada por la Secretaría de Gobernación añade un elemento relevante. De acuerdo con la dependencia federal, los diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, así como la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, fueron llamados únicamente en calidad de testigos. Jurídicamente, la diferencia es sustancial. Un testigo aporta información; un imputado enfrenta una acusación formal. No obstante, en el terreno de la opinión pública las fronteras suelen ser menos precisas y la sospecha termina ocupando espacios que deberían corresponder a los hechos comprobados.
Y es precisamente ahí donde aparece el principal desafío. La FGR tiene la obligación de investigar con autonomía y profundidad cualquier señalamiento relacionado con el crimen organizado. No hacerlo sería una omisión imperdonable. Pero también debe garantizar que el debido proceso prevalezca sobre la presión mediática y los intereses políticos. La legitimidad de una investigación no depende de los titulares ni de las filtraciones, sino de las pruebas.
Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta un escenario complejo. Por un lado, existe la presión proveniente de Estados Unidos, cuyos señalamientos han elevado la temperatura diplomática. Por otro, la tensión política interna dificulta construir consensos y concentrar esfuerzos en la agenda gubernamental. La verdad es que cada nuevo episodio relacionado con seguridad y narcotráfico termina consumiendo capital político y desplazando prioridades económicas y sociales.
Los ánimos están caldeados. Hay inquietud, especulación y posiciones encontradas. Sin embargo, la única salida institucionalmente responsable consiste en permitir que las investigaciones avancen sin interferencias y con absoluta transparencia. La ciudadanía merece certezas, no narrativas anticipadas. Si existen responsabilidades, deben acreditarse con pruebas contundentes. Si no las hay, también debe quedar claro. En tiempos de polarización, la justicia no puede actuar bajo consigna ni bajo presión; debe hacerlo con rigor, independencia y resultados verificables, en especial en estos casos, que involucran intereses estadounidenses.
La última trinchera
Mientras tanto, se debaten los tiempos para la elección judicial y en el Estado de México, estamos en la previa a los preparativos para la elección local intermedia.
Todavía no sabemos cómo van a quedar asentados los procedimientos y hay mucho trabajo por hacer, pero en tanto, las disputas políticas surgen aquí y allá.
Pinta para que ya la contienda no va a frenarse y, mientras, los asuntos de gobierno, en medio.
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