El 21 de noviembre de 2025, a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), de esa misma fecha, la presidenta Claudia Sheinbaum comunicó a la población que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión le había hecho llegar el Decreto sobre la Declaratoria que enumera las Zonas de Atención Prioritaria para 2026.
La segunda declaración del Decreto dice que los ámbitos del Gobierno federal, estatal y los municipales quedan comprometidos a asignar recursos para: “elevar los índices de bienestar de la población en los rubros deficitarios; establecer estímulos fiscales para promover actividades productivas generadoras de empleo; generar programas de apoyo, financiamiento y diversificación a las actividades productivas regionales, y desarrollar obras de infraestructura social necesarias para asegurar el disfrute y ejercicio de los derechos para el desarrollo social (…) en estas zonas”.
Ahora que casi se asoma el primer día del 2026, las autoridades de los tres ámbitos, así como los 32 congresos locales estarán tomando cartas para asignar presupuesto, recursos humanos, estrategias y acciones.
Debido a la complejidad estructural y sociohistórica que tiene el país, se han definido 1,575 municipios “rurales”, así como otras 49,491 Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB) urbanas, inscritas en 2,387 ayuntamientos con distintos niveles de urbanización. Aunque la selección de las zonas rurales y urbanas, desde mi punto de vista, tiene algunas inconsistencias metodológicas, lo cierto es que no carece de soporte técnico, racional o académico. Será necesario actualizar indicadores puesto que tomaron los de 2020.
Con respecto a la atención a zonas rurales, los estados de Oaxaca, Puebla y Veracruz (en ese orden), acumularán —entre los tres— la mitad de las 1,575 demarcaciones. Ningún error o predilección ha ocurrido en tal distribución. Eso es lo que ha prevalecido en México, al haber dejado históricamente del lado la pobreza, la marginación y la desigualdad, a pesar de los cambios anunciados en los distintos regímenes gubernamentales por los que ha transitado el país. Coincidirán conmigo que esas tres entidades requieren de una profunda atención, pero sin paternalismos y con un trabajo integral que realmente detone su potencial.
En orden descendente dentro del contexto nacional, el Estado de México ocupó el séptimo lugar, al tener 53 de sus 125 municipios dentro de las zonas de atención prioritaria rurales. De ellos, 31 registran altos niveles de incidencia delictiva, lo que complejiza aún más la intervención pública. No se trata solo de asignar recursos, sino de articular capacidades institucionales, seguridad, política social y coordinación intergubernamental. Mucho trabajo —y poca tolerancia al simulacro— le espera a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez en estos territorios históricamente postergados.
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