La comunidad que forma parte de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), así como la que ha formado parte de ella, tiene la responsabilidad de ponderar otra serie de afectaciones que ha dejado un paro de casi cuatro meses, focalizado en el corazón histórico de la universidad: el edificio de Rectoría y el campus de Ciudad Universitaria (CU).
Constituye un alto simbolismo el hecho de que los últimos bastiones que mostraron resistencia hayan estado ubicados en Ciudad Universitaria y en el edificio de Rectoría. Este último, cimbrado mediante palmarias demandas para que se denominará como “Casa del Estudiante”. Recuérdese que, en el ocaso del régimen porfirista, se optó por construir la “Casa Nacional del Estudiante”, edificación que albergará exclusivamente a alumnos con escasos recursos económicos.
Esa Casa Nacional del Estudiante, ubicada en la Ciudad de México entre Lagunilla y el barrio de Tepito, desde hace décadas languidece, por carecer de financiamiento gubernamental. Mientras que en la década de los 80 (del pasado siglo XX) había una casa del estudiante en cada entidad federativa, hoy apenas sobreviven dos: una en Puebla y otra en Guerrero.
¿Cuál era la idea del movimiento? ¿Un cambio de nombre y nada más? ¿O, convertir las oficinas de todo el edificio en habitaciones para concentrar ahí al estudiantado de escasos recursos económicos que vinieran a estudiar a la Ciudad de Toluca? A ciencia cierta, se desconoce el propósito de aquella árida propuesta. Desde que fue dada a conocer mediáticamente por el movimiento en la UAEMéx, despedía un tufo porfirista. Un dato: quien hizo posible la construcción de aquella casa del estudiante fue nada más y nada menos que José Ives Limantour, entonces secretario de Hacienda, dentro del vetusto gobierno de Porfirio Díaz. Conocer un poco de historia de México ayudaría a las nuevas generaciones.
Tanto en forma deliberada como inconscientemente, se ha propagado la idea de que la comunidad estudiantil, además de hacer legítimas demandas, en todo, absolutamente en todo, tiene razón, sin que exista la más microscópica triza de duda.
Ese aventurado pensamiento se materializó en dos hechos que desde ahora estamparán la vida institucional. 1) La opinión o el parecer estudiantil, pondera el doble de valor que el del personal que les da formación o que les provee de atención en procesos administrativos. 2) El alumnado, llegado el momento, podrá expresar su opinión, inconformidad, rechazo, oposición o enojo, mediante acciones que laceren, estropeen o perjudiquen patrimonialmente a la institución, pero –en nombre de la libertad de expresión y de la no represión-- no podrán ser amonestados y, menos aún, afectados en su cristalina trayectoria académica.
En el mundo real, no en el metaverso de la ignorancia, la impunidad o la soberbia, las acciones de las personas regularmente tienen consecuencias.
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