Cada mes de junio las calles se llenan de banderolas arcoíris. Sin embargo, detrás de ese símbolo y de las celebraciones, permanece una incómoda pregunta: ¿hasta dónde está realmente dispuesta una sociedad a reconocer como iguales a quienes viven, aman o construyen su identidad de manera distinta a la heterosexual?
Según la última Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG), aplicada en México hace casi un lustro (2021), al menos 5.1% de la población con 15 años o más se identificó como parte de la comunidad LGBTI+. Se trata de poco más de cinco millones de personas, lo que hace indispensable que el Estado mexicano continúe fortaleciendo sus políticas públicas a fin de evitar que cualquier persona vea restringidos o vulnerados sus derechos debido a su orientación sexual, identidad o expresión de género.
El informe de ILGA Mundo identificó 11 grandes desafíos que aún persisten en numerosos países: desde la criminalización de las relaciones entre personas del mismo sexo y las restricciones a la libertad de expresión, hasta la regulación de las llamadas terapias de conversión, la igualdad matrimonial, la adopción, el reconocimiento legal de género y la protección frente a los delitos de odio.
Antes de mirar hacia otros países, convendría preguntarnos cómo vamos en la casa local. A nivel estatal, está claro que el mayor desafío lo sigue teniendo el Estado de México pues se estima que la población LGBTI+ ronda las 500 mil personas. Precisamente por la magnitud de su población y por los retos aún pendientes, el Estado debe continuar revisando y fortaleciendo la protección efectiva de sus derechos, no solo mediante su reconocimiento jurídico, sino también mediante la garantía efectiva de sus derechos civiles y políticos; económicos, sociales y culturales, así como de sus derechos colectivos.
Durante varios años, el Poder Legislativo de la entidad mexiquense dio muestras de su perseverante intransigencia al no aprobar el matrimonio igualitario. Tras la presión y la resistencia del movimiento elegebete, se superaron las resistencias provenientes tanto del gobierno estatal como del PAN y de la Iglesia católica. Finalmente, el 11 de octubre de 2022 se aprobó el acceso a este tipo de unión conyugal.
Por ello, la entidad mexiquense volvió a ser una de las últimas en el concierto nacional. Aunque con diferencias, esa transformación ha alcanzado a las escuelas, las familias, el derecho, las iglesias, los servicios de salud, la convivencia social, el sentido del humor e incluso las formas de nombrar a las personas.
Hace poco, Nancy Fraser, filósofa y feminista posestructuralista de origen estadounidense, aclaraba que la política del reconocimiento tenía que ver con la ética, más que con la redistribución de la riqueza. Por ende, al abrazar el reconocimiento como causa debe llevarnos a comprender que, desde nuestra dimensión humana, compartimos la igualdad, pero que somos diferentes.
El mes del orgullo LGBTI+ no solamente tiene que ver con la existencia de la diversidad. Nos conduce a pensar que la calidad ética de una democracia también puede medirse por su capacidad para materializar la dignidad de quienes históricamente fueron obligados a vivir en los márgenes de la sociedad, excluidos y patologizados. Por ello, seguimos en deuda. He ahí una de las pruebas más exigentes de toda democracia.
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